¿Ciegos, sordos e interesados?

En la columna del 1 de diciembre pasado, con ocasión del último informe de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre las actividades de examen preliminar de la situación en Colombia, referíamos las suspicacias de este Tribunal frente a la renegociación del acuerdo entre el Gobierno y las Farc luego del No en el plebiscito. El 14 de noviembre la CPI resaltó en ese informe que su fiscal en septiembre había saludado la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc y reconoció esto como un “logro histórico” y una “oportunidad para la paz” y, por el otro, se mostraba suspicaz y atenta a los cambios y desarrollos legislativos que se dieran con ocasión del resultado del No en el plebiscito. Dejó claro que “revisará cuidadosamente todo cambio” en el texto del acuerdo original y todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves. 

Sea porque unos son ciegos, otros sordos y muchos interesados, el país insiste en desconocer que ha estado bajo examen preliminar de la CPI desde junio de 2004, y que en noviembre de 2012 resumía sus constataciones identificando los procedimientos a los que hará seguimiento continuo: los relativos a asesinatos y desapariciones forzadas (falsos positivos), los de desplazamientos forzosos, los delitos sexuales y los relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares. 

No hemos entendido que no somos soberanos, que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma fueron determinantes -a favor de las víctimas- para el resultado de lo que se negoció en La Habana y se firmó en Cartagena. El debate superficial antes y después del plebiscito, y que ahora persiste en boca del fiscal y los legisladores de la implementación -discutiendo cosas ya definidas- como que los disidentes no tendrán ningún beneficio y que los reincidentes los pierden todos, que si los guerrilleros no entregan sus bienes y luego se les prueba, pierden los tratamientos diferenciales de la justicia transicional y pasarán a la justicia ordinaria, solo quieren distraer la opinión. 

Tendenciosamente el fiscal colombiano, y contrario a lo que cree la CPI, quiere investigar y procesar a las Farc ya, y por la vía ordinaria, antes de que se active la transicional, que solo operará cuando se dé la entrega de las armas y siempre que el Congreso implemente la Jurisdicción Especial para la Paz.

Nos distraen con interés. La CPI se centrará en la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y en el intento de articularla con las otras cortes -de hecho esta es una de las razones por las cuales está observada la ley de Justicia y Paz promovida para facilitar la desmovilización de paramilitares-, verá con suspicacia la eliminación de jueces internacionales que garantizaban imparcialidad -que no opera en la jurisdicción ordinaria y se traduce en una impunidad de 99%- y, sobre todo, las maromas en sintaxis que se plasmaron en el nuevo acuerdo y que se intentan redondear en el Congreso para evitar que particulares y altos mandos militares respondan. Los primeros por financiación intencionada y los segundos por el control sobre sus subordinados. 

Aunque el país intente huir de la multilateralidad, no evitará que en los casos puntuales, donde se sustraiga de la justicia de transición a alguien, la CPI asuma su rol subsidiario.