La inspección del trabajo en el gobierno del cambio

Los estados modernos existen para garantizar la vida y los derechos de las personas que viven bajo su soberanía. La paz social se basa en esa afirmación que parece tan simple pero que está llena de significados y sobre la que se han construido las constituciones liberales y las instituciones públicas como las colombianas.
En Colombia los períodos de paz política han sido muy pocos y la pregunta que me hago, como también a mis lectores y lectoras de La República, es si la vigencia de los derechos humanos laborales, quizás el más grande logro de la humanidad en el siglo XX, ha contribuido no solo a hacer más libres a las personas que tienen trabajo decente y a su vez a las naciones más pacíficas.

La creación de la ONU y luego de la OIT son parte del esfuerzo de muchas mujeres y hombres para avanzar en la paz, derrotar la guerra y estamos ajustando 68 años sin guerras mundiales o continentales. Aunque hoy en los campos de Ucrania se esté jugando con fuego, soy optimista, podemos superar la guerra si estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia y la vigencia de los derechos.

Algunos sectores y personas con influencia viven diciendo en sus redes, en espacios de diálogo social o en columnas de opinión y medios que la vigencia de los derechos humanos laborales no es sostenible en un país y en una economía como la colombiana, triste ese reconocimiento explícito de que, por todas las cadenas productivas, en la formalidad o la informalidad se violan derechos constitucionales y legales y que ese sea un pilar de la competitividad del país.

Y es tal el nivel de impunidad que los problemas que a diario trato de solucionar en derecho desde el Viceministerio de Relaciones Laborales serían fáciles de resolver, pero son abrumadores por su volumen y duración, nuestro país ha padecido una tradición de vulnerar sin pudor ni freno derechos laborales individuales y colectivos. Es una especie de “estado de cosas inconstitucional”.

Y a eso ha ayudado un estado que se ha diseñado débil, celestino y silencioso para proteger los derechos de la ciudadanía trabajadora, por eso entre los estados miembros de la Ocde, el nuestro es de los más pequeños en proporción a su población, como lo informó La República en su momento.

El Ministerio de Trabajo es todavía más pequeño, la OIT recomienda que debe haber un inspector o inspectora de trabajo por cada 10 mil personas económicamente activas, cumplir el estándar de la OIT significaría casi triplicar el número de inspectores existentes hoy, este gobierno queremos avanzar en llegar al estándar internacional y en la dignificación de los inspectores e inspectoras.

Los problemas laborales del país como la precariedad, la informalidad, la discriminación, el acoso, la violencia de género, tercerización legal e ilegal desbordadas no requieren más diagnósticos, pero sí requieren reformas legales y cambios administrativos de fondo, además del aumento de personal y de recursos del ministerio. El derecho internacional, las Cortes, la OIT en sus recomendaciones, las misiones de empleo en gobiernos pasados o la misión alternativa reciente, la Ocde o el Sistema Interamericano de DDHH han dicho qué hacer y realmente a eso es lo que aspiramos, a cumplir la Constitución del Trabajo de 1991, los tratados internacionales ratificados y las sentencias judiciales.

Como lo indica la OIT en sus convenios 81 y 129 sobre inspección del trabajo, la administración del trabajo tiene a cargo el mandato de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras cumpliendo las reglas establecidas por la constitución y la ley como estado social de derecho, pero
desde un compromiso vital, político y legal con los trabajadores y trabajadoras.

Si cumplimos todas las recomendaciones, la jurisprudencia y tratadosinternacionales superaremos esta siniestra facilidad para vulnerar derechos laborales. Esto implica que la inspección del trabajo seguirá transformándose dinámicamente y de la misma manera como se han transformado los modos de
producción, para cumplir tanto como se puede el mandato Constitucional y legal y, después con lo que disponga el Plan de Desarrollo, la reforma laboral, sus reglamentos y las normas administrativas que expediremos.

Este año nos proponemos hacer varios cambios. En primer lugar, visitaremos sitios de trabajo y lo haremos sin previo aviso, propondremos una alianza con la rama judicial para realizar inspecciones a empresas o personas que han sido demandadas laboralmente con frecuencia.

En segundo lugar, el Ministerio de Trabajo utilizará los sistemas de información, tales como las bases de datos de PILA, DIAN y UGPP, con la finalidad de realizar actividades preventivas o reactivas de inspección relacionada con asuntos laborales individuales económicos y de seguridad social, tales como, pago de
salarios, prestaciones sociales, afiliación y cotizaciones al sistema general de seguridad social entre otros.

En tercer lugar, redoblaremos las acciones de inspección en las empresas de los sectores económicos priorizados en las cláusulas suscritas con los EEUU, Canadá y la Unión Europea como parte de tratados de libre comercio, esos sectores son minería, puertos, flores, palma de aceite, caña de azúcar y minero – energético, velaremos por el cumplimiento de normas laborales allí, removeremos barreras que impiden el ejercicio de las libertades sindicales y verificaremos la aplicación de normas de seguridad social. En 11 años de vigencia del Plan de Acción Laboral firmado con los EEUU, el gobierno colombiano no cumplió estos compromisos internacionales y llegó la hora de lograrlo para mejorar las condiciones de trabajo en esos sectores.

También priorizaremos sectores como el comercio, los Call Centers, salud, transporte, y plataformas donde hay una reincidente violación de derechos laborales particularmente que recae sobre jóvenes. La inspección en el trabajo doméstico también la desarrollaremos para impulsar la formalización y el trabajo decente. Ahí nuestro “Grupo élite de inspección laboral para la equidad de género” jugará un papel protagónico.

Esto implica que las llamadas inspecciones virtuales o documentales serán complementarias a la inspección en el sitio de trabajo que deberá comprender no solo la empresa sino toda la cadena de valor, como lo sugieren los estándares internacionales. Pero mantendremos toda la disposición y capacidad para realizar con empresas y trabajadores inspecciones preventivas y mesas de diálogo social a través de nuestras direcciones territoriales y oficinas especiales.

Como cuarto cambio, fortaleceremos las inspecciones móviles y llegaremos a las zonas rurales para cumplir el acuerdo de paz y las prioridades del programa de gobierno con el que ganamos la presidencia en junio de 2022. Nuestra Unidad de Investigaciones Especiales dará línea a nuestras territoriales sobre cómo
investigar actos atentatorios del derecho de asociación sindical, pactos colectivos, contratos sindicales y tercerización ilegal.

El quinto cambio será la cooperación y el acompañamiento o las campañas de comunicación son claves en la transformación de la cultura de impunidad en el mundo del trabajo, pero también lo son las sanciones que la ley determine.

Nuestros inspectores e inspectoras deberán compartirse entre ellos y ellas y deliberar sobre sus decisiones para así fortalecer la pedagogía interna que nos permita la uniformidad en las decisiones. Como dijo nuestra ministra de trabajo “En el Gobierno del Cambio, las y los inspectores de trabajo están llamados a no ser testigos silenciosos de las situaciones de injusticia en el desarrollo de las relaciones laborales”. Es hora de hablar y de actuar. Y una buena guía de lo que haremos en inspección laboral la encuentran en la cartilla que acabamos de publicar junto con la OIT y la Corte Suprema de Justicia.