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Como ya es costumbre, los grandes proyectos del Valle del Cauca nunca terminan a tiempo, afectando la competitividad y el desarrollo de la región. El gobierno de Gustavo Petro no le está cumpliendo a un departamento que, paradójicamente, le brindó un respaldo masivo en las urnas.
Esta semana se conoció un nuevo retraso en la licitación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Desde el inicio del gobierno, el cronograma ha cambiado con cada ministro, y ahora todo parece indicar que la adjudicación no se concretará antes de agosto. Aerocivil asumiría la administración en septiembre, afectando la operatividad, nivel de servicio a los usuarios, los ingresos de Palmira por la concesión, y lo más grave se aplazan la modernización de este.
Esto no es nuevo. A pesar de ser el tercer departamento en importancia económica, el Valle sigue al final en prioridad política. En los últimos cuatro gobiernos se ha evidenciado la falta de compromiso con proyectos estratégicos departamentales con impacto nacional.
Todo proyecto enfrenta demoras, pero en el Valle avanzan a un ritmo desesperadamente lento. Pese a la articulación entre fuerzas políticas, privadas y civiles, y con una agenda de proyectos consensuada hace 20 años, el avance es irrisorio.
Los vallunos seguimos escuchando lo mismos proyectos: la Nueva Malla Vial del Valle, la doble calzada Buga-Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero, la profundización del canal de acceso de Buenaventura, el Aeropuerto del Suroccidente, la planta regasificadora de Buenaventura, la Conexión Pacífico-Orinoquía, el corredor férreo del Pacífico y el tren de cercanías.
La falta de avances impide planificar nuevas iniciativas con una visión integral de transporte intermodal. Aunque estos proyectos han sido priorizados en planes de desarrollo nacional y planes plurianuales de inversión, el balance es pobre. De los nueve proyectos estratégicos, solo dos están en fase de construcción: la doble calzada Buga-Buenaventura y la Nueva Malla Vial, licitados en el gobierno de Duque y continuados por la administración actual, pero con retrasos por temas de comunidades.
Los demás proyectos siguen en incertidumbre, a excepción de la planta regasificadora de Buenaventura, cuyo contrato privado de servicios de regasificación finalmente se definió este mes, aunque con una capacidad cinco veces menor a la proyectada. Esta planta fue diseñada para garantizar la confiabilidad energética ante un déficit de gas ya evidente, pero su desarrollo se estancó debido a la falta de voluntad del Gobierno para reestructurar su nivel de riesgo.
A dos años y medio del gobierno de Petro, la falta de prioridad para el Valle sigue sin cambios, pese a los esfuerzos del sector privado, la Gobernación, la Alcaldía de Cali y el bloque parlamentario. Persisten los incumplimientos, agravados por la inoperancia estatal, la falta de coordinación y la resistencia a la inversión privada.
Nuestra conectividad y competitividad están en riesgo. Si esta situación no cambia, será otro incumplimiento de un gobierno que prometió descentralización. A menos de un año y medio del final del mandato, todo indica que seguiremos hablando de los mismos proyectos con la próxima administración, esperando que esta vez sí nos cumplan.
