Desespero fiscal

Como ya es costumbre, el Gobierno Petro, al no lograr concertar sus reformas, intenta imponerlas por decreto. Con el Decreto 0572 de 2025, el Ministerio de Hacienda modificó las condiciones de retención en la fuente y autorretención, afectando decenas de sectores. En la práctica, anticipa el recaudo del impuesto de renta de 2026, sin que este se haya causado. Es decir, se cobran impuestos sobre rentas futuras, aún inexistentes, comprometiendo desde ya las finanzas del próximo año, tanto para su gobierno saliente como para el que llegue en 2026.

Pero esto no es nuevo. Es el síntoma más reciente del desespero fiscal que ha caracterizado a este gobierno desde el inicio. En 2022 impuso una reforma tributaria ideologizada que eliminó beneficios clave para sectores como turismo, servicios y economía naranja; aumentó cargas sobre actividades productivas y no amplió la base tributaria. Se hicieron cuentas alegres del recaudo e incluso se anticipó caja mediante un incremento transitorio de autorretenciones ¿El resultado? Menos inversión, menor dinamismo y un recaudo por debajo de lo proyectado que afectó negativamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la caja del año siguiente.

Pese a ello, el Gobierno insistió en aumentar el gasto. Ha manejado los presupuestos más altos de la historia, pero no le ha alcanzado la plata. La caída de ingresos por la desaceleración económica y el aumento de la informalidad agravaron aún más el desequilibrio fiscal y dispararon el déficit, que podría llegar a 7,8% del PIB en 2025, un nivel comparable al de la pandemia, pero sin pandemia.

En 2024 intentó una nueva reforma tributaria para completar el presupuesto de 2025, pero fue rechazada en el Congreso porque no planteaba una solución estructural. Solo buscaba, otra vez, raspar la olla de los mismos contribuyentes, sin ampliar la base ni corregir inequidades. Desde entonces, el Gobierno se ha escudado en ese rechazo para justificar su inacción, mientras gestiona ineficazmente los recursos disponibles y los despilfarra.

Ahora espera que la Corte Constitucional avale su reforma pensional, bajo revisión. Si se aprueba, recibiría cotizaciones inmediatas sin asumir nuevas obligaciones pensionales en el corto plazo, generando un superávit contable que podría tentarlo a usar como caja. Esto no es descabellado: ya intentó trasladar $30.000 millones del Fondo de Pensiones de las Fuerzas Militares a Migración Colombia, ignorando su destinación específica.

Lejos de corregir, ha profundizado la improvisación. Aplazó $12 billones del Presupuesto de 2025 mediante decreto, recortando inversión y desfinanciando entidades clave. Incluso propuso usar vigencias futuras de concesiones 4G y 5G para comprar vacunas, pese a restricciones legales y advertencias de la Contraloría.

El decreto de retención en la fuente cierra este ciclo de desespero fiscal. Cambia tarifas, umbrales y excepciones sin ley. Es una reforma tributaria encubierta, inconstitucional y lesiva. Golpea la caja de las empresas, especialmente las Mipyme, que carecen de capital de trabajo, enfrentan difícil acceso al crédito, y deben pagar impuestos sobre ganancias inciertas, generando saldos a favor que la Dian no devuelve.

El patrón es claro: raspan lo que encuentran, gastan sin planeación ni institucionalidad. Y sin reglas claras ni confianza, no hay economía que aguante.