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Proceso de paz y su fundamento institucional

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En mi condición de constituyente de 1991, tengo claro el origen de la actual Constitución Nacional: La paz. 

La creación del marco constitucional para la paz es la madre de la actual Carta Política, no se puede pasar por alto esta realidad. La necesidad de llegar a ella sirvió de fundamento y justificación para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto, hay  que reflexionar acerca de la institucionalidad que se requiere para lograrlo.

No es correcto ignorar la coyuntura política en la que se está tan cerca de la suscripción de un tratado político con los grupos armados rebeldes. El jurista alemán Georg Jellinek creó la visión de la fuerza normativa de lo fáctico para explicar cómo los hechos sirven de fundamento a todo marco jurídico y estatal.

Mientras dure el conflicto armado no internacional que nos tiene atrapados, la paz no será posible. Lo primero es lo primero, y es la superación del conflicto. Fue mediante el pacto -con mayor legitimidad que conoce la historia colombiana-  que se acordó el eje de la paz. La Constitución Nacional nació para la paz, no se ha logrado y no hay que renunciar a su búsqueda por esquiva-.

Preguntemonos ¿Por qué? ¿No será que el marco constitucional nos lo impide? Es posible que sea este el motivo por el cual el conflicto armado no internacional no se haya superado. Los marcos institucionales inciden en forma crucial en su existencia y prolongación, de esto no existe duda alguna. Por otra parte, la realidad política, económica y social del país enseña que las instituciones están mal ordenadas y no funcionan bien.

Reiteradas encuestas enseñan que nuestras instituciones no tienen la legitimidad que necesita un Estado Social y Democrático de Derecho. La política, los partidos, el sistema electoral, el parlamento, la fiscalía, la procuraduría, las asambleas, los concejos, en fin, las instituciones nuestras carecen la legitimidad necesaria para que exista gobernabilidad y buen gobierno. La democracia no puede reducirse a la realización de elecciones en donde unas mayorías ganan y gobiernan.

La democracia necesita de legitimidad, no solo la legitimidad a través de la legalidad sino la que permita que el ciudadano sienta que interviene en forma decisiva en el gobierno de los asuntos públicos. 

La democracia colombiana no puede olvidar que la Región Caribe se pronunció en forma mayoritaria, en el 2010, con el Voto Caribe. La Región Caribe ha puesto el dedo en la llaga de la des-institucionalización y de la ausencia de autonomía para auto-gobernarse y no depender de las órdenes que le impartan desde los fríos poderes del centralismo. El gobierno central tiene una deuda con las regiones y no ha facilitado el marco constitucional para que las regiones se auto-gobiernen.

Este es el momento histórico para que la institucionalidad colombiana se ponga al servicio de concretar la paz. La institucionalidad actual alimentó el fuego de la guerra durante más de cincuenta años. Revisar la institucionalidad tiene que ser la tarea del momento. No podemos quedar prisioneros de la alternativa de que si a los insurgentes se le apliquen penas o no y que tipos. El asunto mayor es la institucionalidad que se requiere y esto hay que discutirlo en forma amplia.

Nuestra Carta Política autoriza la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para revisar nuestro orden constitucional. El Parlamento carece de legitimidad para un trabajo de tal envergadura. La Región Caribe clama, hace rato, por autonomía y necesita de una Asamblea Nacional Constituyente ya. 

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