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Plebiscito o Asamblea Constituyente

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El tránsito de una sociedad dominada por un conflicto armado no internacional, largo y degradado a una sociedad en la que reine el derecho, la justicia y se construya la paz requiere de un alto consenso político y una gran legitimidad para los acuerdos que entre las partes combatientes se logren concretar. 

El consenso y la legitimidad para el fortalecimiento de una democracia es imposible sin deliberación amplia y libre, de abajo hacia arriba y con participación mayoritaria de la ciudadanía. 

En este sentido, el gobierno no puede promover políticas que limiten la deliberación ciudadana en un proceso de construcción de la democracia, luego de la superación de un conflicto armado. 

La legitimidad, piedra angular en que tiene que apoyarse la superación del conflicto armado y su fase de posconflicto, no puede evitar que se respete la ciudadanía. En consecuencia, respetar al constituyente primario pasa por salvaguardar su derecho a deliberar en forma amplia, en un ambiente de pluralismo.

En este marco político, los poderes públicos constituidos, el parlamento, el poder judicial y el ejecutivo, no están autorizados para privarle a la ciudadanía su derecho a establecer constitucionalmente las reglas de juego en un proceso de legitimación de los acuerdos para la superación de un conflicto armado. De lo que se trata ahora es enriquecer el debate. 

La legitimación de un proceso de paz no tiene por qué limitarse a una consulta plebiscitaria en la que se vote a favor o en contra de un cuestionario diseñado desde las esferas del poder. Por el contrario, lo que se requiere es de una amplia deliberación que construya un escenario para un gran acuerdo sobre lo fundamental para la salud de la República. Es una oportunidad para revisar si la Carta Política que nos gobierna está a la medida de los retos del posconflicto. 

Peor aún, lo que se está tramitando en el Parlamento es una reforma hecha a la medida de los propósitos inmediatos de una política en la que se modifican los requisitos para la aprobación de un plebiscito, es un pésimo ejemplo para legitimar un consenso. Por esta equivocada idea, la de cambiar las reglas de juego de la Carta Política para que se apruebe un plebiscito, se irrespetan las reglas constitucionales, lo que precariza el consenso y pone en peligro la legitimidad de los acuerdos logrados.

Esta política de cambiar las reglas constitucionales, por intermedio de un poder derivado, es una constatación de que la Carta Política ha sido reducida a lo que una mayoría parlamentaria, en asocio con un fuerte poder presidencialista, quiere que sea.  Se ha reformado 45 veces lo que condujo a la anomia, fenómeno político en la que se impone la desobediencia al derecho, la ley, la autoridad y la Carta Política misma.

Nicolás Maquiavelo, el gran pensador y humanista florentino, en su libro “Discurso sobre la Primera Década de Tito Livio” enseña que una república es desdichada cuando carece de un legislador hábil para reorganizarla, y es más infeliz, cuanto más distante está de una buena constitución. 

Esta es una buena oportunidad para rediseñar el Estado y todas las instituciones. Es una oportunidad que no puede perderse, por este motivo, un gran acuerdo nacional requiere de un escenario que auspicie la más amplia participación en el rediseño del Estado de Derecho para que sea un Estado Social y Democrático de Derecho con Autonomía de las Regiones. El escenario real no es una consulta plebiscitaria, es sin dudas la Asamblea Nacional Constituyente.

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