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Isagen, la joya de la corona

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Es conocido por todos que uno de los ejes de la política pública de este gobierno es la construcción de carreteras, igualmente, es conocido que la caída de los precios internacionales del petróleo ocasionan un adelgazamiento en las finanzas públicas y dificultades serias para la financiación de obras.

En consecuencia, la situación se ha tornado difícil para el gobierno Santos y para la Nación.

Antes de la caída de los precios del petróleo, el Gobierno Nacional mediante la expedición de los decretos 1609 y 2316 de 2013 había determinado la venta, en pública subasta, de la acciones que la Nación tiene en Isagen, una de las joyas de la corona que tiene el país.

Es decir, el proceso de privatización no fue consecuencia de la caída de los precios del petróleo sino que hacía parte de una política anterior. Este proceso no pasó por el parlamento nacional para su discusión.

No es de poca monta la necesidad de deliberar públicamente la privatización de bienes públicos y las condiciones y modos en que estos procesos deban realizarse  para que la voluntad del ciudadano sea respetada y garantizada.

Lo de transcendencia pública amerita una deliberación generalizada para construir consensos y para que reine la democracia, la transparencia de la conducta y la actividad administrativa.

Esa ausencia de deliberación y de consenso generó rechazo en sectores de la sociedad civil, incluso, desde los órganos de control y partidos políticos se escucharon críticas al proceso privatizador. La ciudadanía también expresó sus puntos de vista a favor y en contra de este proceso. En este ambiente de pluralismo y tolerancia, propio de las sociedades que pretenden realizar los programas del Estado Social y Democrático de Derecho, se acudió al juez para desatar parte de la controversia.

Disponer de canales institucionales adecuados y pacíficos, en los que las diferencias puedan ser abordadas en tolerancia es uno de los logros de la democracia.

Disidentes ante el proceso de privatización accionaria acudieron al juez administrativo competente, en este caso, al Consejo de Estado, es decir que una autoridad judicial debe decidir, en parte, asuntos públicos.

En otras palabras, mucho va desde que el barón Montes quien escribió su extraordinaria obra ‘El espíritu de las leyes’, en la que no concibió a la rama judicial como poder público sino como “boca muda de la ley” y de las fases de la Revolución Francesa del siglo XVIII de profunda desconfianza a los jueces y la expedición del Código Civil y de la frase de Napoleón Bonaparte en la que expresó que en ese texto estaba todo el derecho y que los jueces debían aplicarlo a rajatabla a nuestros días.

Es por ello, que la decisión de suspender la subasta pública en la que se privatizaría Isagen S. A. E.S.P., ordenada por la Sala Unitaria de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tiene que ser vista como una decisión que fortalece la democracia como instrumento que garantiza los derechos humanos, en particular, los económicos, sociales y culturales.

Un poder judicial con fuerza institucional constituye una ventaja.

Es un logro de la democracia que sus autoridades judiciales con sus sabias decisiones auspicien el fortalecimiento de la democracia para que sea cada vez más deliberante y participativa y así la voz de las regiones y de los sectores sociales tengan presencia activa en el debate sobre un tema de tanta relevancia como la administración de los bienes públicos.

El Consejo de Estado, con su decisión, ha marcado una ruta que tienen que seguir otros jueces para el bien de Colombia.

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