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Autonomía regional romperá la médula de la corrupción pública

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Un serio problema para los estados modernos es la corrupción en el sector público. Bandas de delincuentes de ‘cuello blanco’ provenientes del sector privado y los ya enquistados en el público, han tomado y siguen tomando la administración pública como botín para repartir entre un grupo reducido de personas individuales y colectivas. Es la forma usual y típica de la corrupción en nuestro entorno.

No obstante, la depredación de las riquezas públicas no es solamente el prototipo de esta forma de corrupción. Hay otras tan sofisticadas, nefastas y peligrosas como las del saqueo de los bienes públicos. Incluso, hay políticas públicas que fomentan la corrupción y pasan desapercibidas.

Es tan grave el fenómeno de la corrupción pública en las naciones atrasadas que la miseria y violencia están vinculadas a la toma de decisiones de los agentes de la corrupción tanto en la política como en lo administrativo. 

Atraso, violencia y miseria  son sinónimos de corrupción en lo público y es tan grave la corrupción pública que debilita la estructura del Estado.

Es cuestionable no luchar a fondo contra la corrupción porque el Estado Social y Democrático de Derecho, como médula de una república justa y ordenada, estaría en veremos. Es un grave problema de ética pública y no respetar al otro y sus derechos es la fuente de corrupción. Pero, ¿será sólo un asunto ético?

Reflexionar, debatir y deliberar sobre las aristas de lo público es crucial y más en este momento histórico. Hay, sin duda, ausencia de una ética pública, pero no solo en la esfera de lo público, la corrupción ha creado su nicho en lo privado, los ejemplos abundan y sobra describirlos. Pero, ¿será sólo un asunto ético?

Sí es un grave asunto ético, ¿cómo lograremos que los partidos políticos y la administración sean dirigidas por los valores morales y jurídicos? Una ética cívica mínima no es seguida en lo público, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Por qué en los Estados federalizados la corrupción es menor? ¿Por qué en estos se puede ajusticiar al corrupto y evitar el crecimiento de la corrupción?

La respuesta es de naturaleza ética y política. No obstante, la política es la que tiene la misión de crear las condiciones que hacen posible la defensa de las libertades y los derechos de las personas víctimas de la corrupción. 

Sin duda, la creciente corrupción en lo público está en el régimen presidencialista monárquico que está radicado en la Carta Política de la República de Colombia. La fuente para que la corrupción reine es el centralismo político y el presidencialismo monárquico. 89% de los recursos públicos están en manos del gobierno central.

El Presidente de la República se asemeja a un monarca medieval -perdón- nuestro centralismo le ha asignado al régimen presidencial tal poder en la distribución de las riquezas públicas, cuya fuente de corrupción está cimentada en ese nivel, por ello, no sigamos buscando al ahogado río arriba. Un poder tan fuerte incide en todas las esferas de decisión pública y privada, en consecuencia, transformar el Estado de manera pensada y estructurada, es la tarea.

Es imposible que pueda existir transparencia en el manejo de los asuntos del Estado Social y Democrático de Derecho cuando hay tanta concentración de poder. El modelo de poder presidencial ya lo había cuestionado con sabiduría, Alfredo Vásquez Carrizosa. ¿Cómo lo debilitamos? Fácil, reformando la Carta Política y superando al Estado centralista.

La necesidad de un nuevo modelo de Estado Social y Democrático de Derecho,  gobernado por las autonomías regionales, es la salida única para que lo público esté cerca de la comunidad política de todo el país. Esta proximidad de lo público al ciudadano es el camino para reconstruir la ética pública y vencer así a la corrupción. No existe otro.

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