Lecciones del modelo chileno de pensiones

Cuando en Chile se estableció hace 40 años el régimen de ahorro individual, muchos creímos que era la solución a nuestros problemas pensionales. Qué ilusión. Quienes incidimos en la decisión de adoptar ese sistema en Colombia, como se hizo parcialmente en 1993, “estábamos más preocupados por la estabilidad fiscal y el crecimiento económico que por la distribución del ingreso y la asignación social de los riesgos, y fuimos muy ingenuos sobre la capacidad y la neutralidad regulatoria del Estado” (según mi propia evaluación en 2018 para el número especial de Economía Colombiana sobre este tema).

Como el sistema chileno no cumplió con las expectativas, no es una sorpresa que muchos países estén dando marcha atrás, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones siguiendo el modelo chileno de cuentas individuales, 18 están apartándose del modelo chileno puro. La tendencia más común ha sido establecer “pilares” complementarios, incluyendo un pilar no contributivo de protección básica (que en algunos países es prácticamente universal), uno o dos pilares obligatorios de contribución (a regímenes públicos y/o privados) y un pilar voluntario de contribuciones individuales a fondos privados de pensiones.

Carmelo Mesa-Lago es, sin duda alguna, la persona que mejor conoce los sistemas pensionales latinoamericanos. En su libro recién publicado, “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina: Promesas y realidades” (Friedrich Ebert Stiftung, 2021), Mesa-Lago hace un análisis pormenorizado de los logros y deficiencias del régimen de ahorro individual y del proceso de “re-reformas” por el que está pasando actualmente en la región. Aparte de ser una verdadera enciclopedia sobre el tema, lo más útil de este libro son sus 18 recomendaciones para países, como Colombia, donde se está debatiendo el futuro de los sistemas pensionales. Colombia es el caso más extraño, ya que es el único en el que coexisten todos los subsistemas posibles y ninguno funciona bien: reparto simple (Colpensiones), ahorro individual (AFP), pensiones no contributivas (Colombia Mayor), ahorros voluntarios (AFP) y ahorros con subsidio (BEPs). Con esta maraña, a Colombia le va muy mal en cobertura, costo fiscal, impacto redistributivo y eficiencia administrativa.

Entre las recomendaciones del libro que podrían ayudar al debate actual sobre el tema en Colombia, hay tres que son especialmente relevantes. Primero, “llevar a cabo el diálogo social”. He participado en los últimos meses en una serie de “Diálogos Improbables” sobre pensiones, y me he dado cuenta de que la discusión y el diseño de una eventual reforma pueden enriquecerse mucho, no sólo contrastando las visiones de los líderes de opinión y los especialistas, sino además incorporando los puntos de vista de quienes han estado siempre al margen de la discusión: las mujeres dedicadas al cuidado de sus familiares, los informales, las comunidades campesinas, los indígenas.

Segundo, “expandir la solidaridad social”. En un sistema donde tres de cada cuatro personas no tienen posibilidad de conseguir una pensión con base en sus aportes, sirve de poco pensar en la solidaridad entre los afiliados. La solidaridad tiene que abarcar a toda la sociedad, y por lo tanto debe superar el marco estrecho de los regímenes contributivos. En Colombia, los recursos fiscales que hoy se destinan en su mayor parte a subsidiar las pensiones de los ricos serían más que suficientes para que haya un ingreso básico universal para todos los adultos mayores que no tienen una pensión subsidiada por el Estado.

Y tercero, “mejorar la información y el conocimiento”. Muy pocas personas entienden cómo funciona el sistema pensional, ni lo que tendrían que hacer para asegurar su estabilidad económica durante la vejez. Y muchos tienden a posponer los esfuerzos de ahorro financiero. La implicación no es, como a menudo se afirma, que debe forzarse a todo el mundo a ahorrar en una AFP. Esto es paternalismo coercitivo. La implicación es que el Estado puede jugar un rol paternalista libertario, estableciendo un sistema que le de a todo el mundo las mismas opciones, pero que le permita a cada cual decidir según sus circunstancias, asumiendo conscientemente las implicaciones de ahorrar o no ahorrar para la vejez.

Cualquiera que sean los prejuicios que usted tenga sobre las bondades o problemas del sistema de ahorro individual, el libro de Mesa-Lago le ayudará a formarse una opinión más amplia de las opciones de reforma.