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No es afortunada la actuación del Gobierno en la presente coyuntura, y se acentúa la sensación generalizada de la pérdida de confianza en el Ejecutivo, con los consiguientes efectos en la economía que acusa repercusiones en la confianza inversionista y en la confianza del consumidor, cuyo índice, según Fedesarrollo, tuvo un descenso fuerte, llegando a -19,6% que es el valor más bajo desde marzo de 2017. La temporada navideña registra la caída en la demanda de bienes muebles y electrodomésticos, amén de la desaceleración en la venta de vivienda, con el anuncio del ministro Carrasquilla de recortar los subsidios, en un sector sensible a la generación de empleo.
En ese clima afectado por la volatilidad del dólar y la depreciación del peso ante la caída del los precios del petróleo y la incertidumbre de la guerra comercial no declarada entre China y los Estados Unidos, la accidentada reforma tributaria genera más incógnitas que respuestas. Tengo además la impresión, por mi experiencia parlamentaria, que la ley tendrá enormes dificultades para afrontar las demandas que se anuncian por garrafales errores en su trámite. Difícil convencer a las Cortes que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto ajustándose a la Constitución y a la ley. Un escenario de incertidumbre en el terreno fiscal, nos colocaría en una situación de imprevisibles consecuencias.
La ley de financiamiento mostró otra gran improvisación que atenta contra la confianza. Carrasquilla planteó gravar con IVA 80% de los productos de la canasta familiar, provocando una reacción general de rechazo a una propuesta, a todas luces inconveniente, que afortunadamente fue derrotada; de igual forma, pretendía bajar los montos para aumentar el universo de los contribuyentes y gravar rentas de trabajo para mantener la inveterada tendencia de gravar a los asalariados.
El Congreso, con todos sus defectos, demostró que es posible avanzar en el ejercicio de construir democracia, pues la mayoría de las iniciativas que finalmente se aprobaron, surgieron, justo es decirlo, en el debate parlamentario, que cambió la columna de la reforma, así Carrasquilla no lo reconozca; pues de un impuesto regresivo que hubiese agravado la ya difícil situación económica de las clases con menos ingresos, se pasó a gravar ingresos altos, patrimonios superiores a $5.000 millones y dividendos de más de $10,2 millones. En igual sentido, la sobretasa al impuesto de rentas del sector financiero, grava las actividades especulativas de un sector que, contrario a lo que afirman sus voceros, no está contribuyendo de manera eficaz al crecimiento económico, habida cuenta de sus políticas onerosas en materia de crédito y prestación de servicios.
Capítulo aparte merece el acertado gravamen plurifásico a las cervezas y a las bebidas azucaradas, cuyo trámite dejó un sabor amargo en la pasada legislatura, cuando la presión de los intereses económicos desplazó prioridades de salud pública.
Hay que reconocer que el Congreso cumplió y que es plausible la existencia de una oposición vigilante y proactiva. El Gobierno no sale bien librado de este proceso donde tuvo que cambiar el rumbo de su propuesta inicial, francamente recesiva en materia impositiva.
Queda el enorme reto de ajustar las finanzas. Cuando de desmontar subsidios se trate, esperamos no insista Carrasquilla, si sigue ahí, en golpear a los sectores menos favorecidos. Bastaría revisar los subsidios a las altas pensiones para lograr, de sobra, el ajuste requerido.
