Analistas

Política ambiental y desarrollo sostenible

De cara al posconflicto, preocupa la falta de claridad del Gobierno, con las Farc y con el ELN, en cuanto a los daños ambientales que la guerra ha producido y en cuanto a los compromisos que el país ha adquirido, internacionalmente, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que se aprobaron en  la ONU. Cuando aparentemente se está llegando al final del proceso en La Habana, surgen estas preocupaciones, que se suman a las ya existentes, por la pérdida de credibilidad del Gobierno, que no ha podido restablecer la confianza ciudadana. La escogencia de la terna para la elección de Fiscal, colmó la frustración de la opinión que la consideró una burla. La crisis ministerial, no logró tampoco darle a Santos el segundo aire, que requiere, para fortalecer su posición en este proceso  

En el tema ambiental, lo grave es que, como lo afirmó el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, el  posconflicto aumenta las acciones contra el medio ambiente y no se ha hecho la evaluación de los daños que la guerra ha causado en los suelos y en las aguas, por la tala de bosques para uso de cultivos ilícitos, el derrame de petróleo por los atentados contra los oleoductos y  la explotación ilícita de metales preciosos, como el oro, que está arrasando con las fuentes hídricas, envenenándolas, casi irreversiblemente, con arsénico y mercurio.

En París, Santos se comprometió a implementar políticas, hasta 2030, para reducir  20% la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono,  que la oficina para el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas calculó en 14.000 millones de toneladas en el año 2010 por el uso del carbón. Aquí, se impone una revisión de los suelos dedicados a la explotación pecuaria.

En cuanto a los compromisos para poner el país en la senda del anunciado crecimiento económico, como resultado de la firma de la paz, no son de menor cuantía los retos que hay por delante. Es claro, que si el país quiere ponerse en la vía del desarrollo sostenible, tendrá que tener en cuenta los  diecisiete  Objetivos que en la ONU se pactaron para el periodo 2016 – 2030. El crecimiento económico está ligado al aumento de la producción, al aumento de equidad y al aumento de la sostenibilidad. La cobertura universal de salud y de educación, la igualdad de género, la inclusión social, el mejoramiento de la agricultura, así como la abolición de la pobreza extrema, están ligado estrechamente con procesos de búsqueda de energías limpias y de alternativas de desarrollo sostenible. Todo esto debe ser parte de la nueva agenda del Gobierno.

 El mundo civilizado ha aceptado que la única forma de construir o reconstruir la sociedad es buscar la prosperidad económica, la inclusión y la cohesión social en el marco de un adecuada sostenibilidad ambiental.

Acertó el Gobierno, en mi concepto, frente a la voracidad de las empresas multinacionales, al derogar la autorización para la explotación de petróleo, a Hupecol, en las proximidades del Parque de La Macarena. Las afirmaciones del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, contradicen la realidad, cuando afirma que la industria de hidrocarburos es respetuosa del medioambiente. El país sabe lo que ocurre con las fuentes hídricas, en zonas de explotaciones petrolera, y con la entrada disfrazada del fracking para tratar de mejorar, a cualquier costo, las cifras de la industria.

Preocupa igualmente lo que ocurre con la minería ilegal. Lo del Cauca clama justicia al cielo. Los que conocimos las aguas del río Sambingo, vemos con tristeza infinita su desaparición y la amenaza real que hay contra muchas otras fuentes hídricas de ese, otrora rico departamento en agua, como que en sus confines nacen cuatro de los ríos más grandes de Colombia.

En resumen, clarificando y cuantificando responsabilidades, es ineludible incorporar los Objetivos de Sostenibilidad (ODS), económicos, sociales y ambientales, en los acuerdos de paz y en los planes del posconflicto.