Analistas

Corrupción y posconflicto

Terminó sin pena ni gloria la Cumbre Anticorrupción, celebrada el jueves anterior en Londres, con la asistencia de cuarenta y tres países y siete instituciones entre las que se destacaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la presencia del primer ministro David Cameron y el secretario de estado americano, John Kerry. 

Como siempre, los foros internacionales reciben la atención mundial dependiendo de los intereses que se muevan al interior y sobretodo dependiendo del interés que tengan las grandes potencias en el tema que los convoque. Llama la atención la poca difusión que tuvo la cumbre, pues el propio anfitrión, el Primer Ministro Británico, pareciera que trató de evacuar rápidamente el asunto, después de que su nombre apareció vinculado al escándalo de los Papeles de Panamá, que generó manifestaciones de protesta frente a la famosa residencia 10 del Downin Street de Londres, y que lo llevaron a aceptar, tras negar insistentemente, la propiedad de títulos en un fondo de inversión de las Islas Bahamas.

La cumbre se centró en tratar de establecer compromisos de los países para mejorar los niveles de información sobre la circulación de dinero y bienes, no solo en los paraísos fiscales sino en todos los Estados, pues solo Inglaterra tiene en el limbo más de 100.000 propiedades cuyos propietarios se escudan en empresas offshore. En resumen, la preocupación de los países ricos es la evasión de impuestos y en eso se centraron. La declaración final es un compromiso de buenas intenciones que no contó con la firma de los Estados Unidos y dejó la sensación de que, mientras todos los países no se comprometan en  una lucha a fondo por la transparencia, especialmente los llamados paraísos fiscales, se ha avanzado muy poco, pues seguirá habiendo la forma de ocultar activos. Quedó claro que al primer mundo le preocupa el pago de impuestos.

Contrario a los apologistas del Gobierno colombiano, no creo que el presidente Santos hubiese sido la estrella de la lánguida cumbre, como tampoco creo que ella aporte, significativamente, en el camino del combate a la corrupción en nuestro país. Se equivoca el Presidente, buscando el muerto río arriba, cuando la corrupción es sofocante, invade todos los ámbitos de nuestra sociedad y es talvez uno de los mayores amenazas contra el Estado y contra la sociedad. 

No había necesidad de ir a Londres para enterarse de los insólitos extremos a los cuales hemos llegado, desde el saqueo de la administración pública hasta el robo de la comida de los niños más pobres de Colombia. Según Transparencia Internacional ocupamos el puesto 83, entre 168 países evaluados, repitiendo el año, pues llevamos dos períodos sin presentar ninguna mejoría en esos índices. 

La Contraloría General de la República elaboró un informe que ratifica lo que todo el mundo sabe: se siguen robando la salud. En 2015, dice el informe, se reportaron presuntas irregularidades por más de 21.000 millones en cobros irregulares al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

No hay voluntad política para convertir la lucha contra la corrupción en una tarea prioritaria. Seguimos ahogados  en un mar de indelicadezas que tienen su génesis en un sistema electoral perverso  financiado con “mermelada”; eufemismo utilizado para maquillar la corrupción. 

Ad portas de entrar en el nuevo proceso, post acuerdos de la Habana, las debilidades del Estado, en las zonas más afectadas por la violencia, son manifiestas, y nada garantiza que las costumbres corruptas vayan a desaparecer. No aparece por ningún lado la decisión ciudadana de hacer un frente común para derrotar esta pandemia. Es urgente rescatar la justicia, fortalecer las veedurías ciudadanas e innovar metodologías para detectar la corrupción y denunciarla. Nada será posible si la justicia del posconflicto no recobra credibilidad y respetabilidad; flaco servicio le han hecho, la politización y el clientelismo que hundió sus garras en la Fiscalía y en los Altos Tribunales. La tarea es inaplazable.