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Latinoamérica se debate entre la ilusión del Estado mágico que proponen la izquierda desde la revolución cubana o el “Estado de Bienestar” europeo, y la realidad de un “Estado maldito” que ha destruido sociedades con estructuras corruptas y esquemas de regulación impracticables, que la tienen sumida en una trampa de subdesarrollo y capturada por sistemas criminales.
Un ejemplo de este esquema es el sistema laboral colombiano. Solo aplica a 44,4% de la población (Dane, nov. 2024). De la población ocupada, solo 15% de los trabajadores gana el mínimo, a quienes les aplicará el “aumento mágico” de Petro. El 50% de la población gana menos del mínimo y están por fuera de un régimen laboral inaplicable en la realidad económica.
El aumento de la base de los costos salariales en 2025 será de 16,05%, integrando el aumento de 9,46% del mínimo, 23,46% del subsidio de transporte, que dan 11,01%. Con la reducción de la jornada laboral que sube el costo por hora en 4,54% (no se suma, se multiplica) da la cifra señalada. Esto agravará la disparidad entre el mundo formal y el informal. El asistencialismo de derecha e izquierda ha hecho un enorme daño.
El mayor problema social que tiene el país es la informalidad. De poco sirven reformas en pensiones o en el agro donde la informalidad es de 83,6%, o en financiación de la salud con aportes laborales, si la base real es una economía por fuera de la institucionalidad.
Colombia requiere una profunda transformación de su régimen laboral. Los regímenes laborales avanzados en el mundo se caracterizan por combinar alta flexibilidad laboral con un sistema de seguridad social eficaz y una economía altamente productiva. Eso no se logra con una visión antiempresarial que está impidiendo la innovación y la transformación social.
Requerimos un sistema laboral por horas y con horarios flexibles, trabajo remoto e híbrido, contratos personalizados, aportes a seguridad social centrados en las personas y asociados a una bancarización de pagos y la eliminación total de los parafiscales.
El país requiere un cambio profundo en la concepción del ciudadano, de la empresa y del empresario. Necesitamos ciudadanos conscientes de que sin deberes y responsabilidades no hay legitimidad ni recursos que soporten los derechos que se pretenden tener. La evolución de las economías, de las sociedades, de las capacidades individuales, ha reconfigurado las relaciones de trabajo y la comprensión del rol de la empresa en la sociedad. Sin empresas viables, competitivas e integradas a la globalidad no hay ni empleo seguro, ni buen ingreso, ni calidad del trabajo, ni productividad laboral, ni inclusión social, ni equidad.
Las sociedades modernas son cada vez más conscientes de que estas se construyen desde las empresas. Esta historia no es nueva. Desde los comienzos de la humanidad han sido los emprendedores los que han transformado las sociedades, construyendo ciudades autónomas, transformando los Estados y emigrando a territorios libres, logrando finalmente construir democracia, instituciones y libertad.
La transformación laboral y empresarial es el mayor reto que tenemos como país. Requerirá de la mayor decisión y capacidad de visión el proyecto político que llegue al gobierno en agosto de 2026. Si esto no cambia seguiremos atrapados en el subdesarrollo.