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El proyecto del Pacto Histórico se montó sobre un relato de desigualdades, guerra y pobreza que serían mágicamente resueltas en un gobierno “progresista”. Petro llegó a afirmar que se firmaría la paz con el ELN solo unos meses después de que fuera electo.
El relato se ha convertido en un gran engaño. No hay una agenda social dirigida a resolver la informalidad, el desempleo, la pobreza y la inseguridad. La agenda ha estado centrada en la obsesión de destruir la reforma liberal de comienzos de los 90.
Sistemáticamente una a una, las reformas buscan ser arrasadas como un ideal de la izquierda que al fin llegó al poder.
La primera y emblemática fue el sistema de salud derivado de la Ley 100. Esta obsesión ha sido el sino del gobierno de Petro. Por ella se rompieron las coaliciones, se destrozó el gabinete y se vino abajo la popularidad y legitimidad del gobierno pues vulnera una de las mayores conquistas de los colombianos.
El hundimiento de la reforma derivó en reacciones poco sensatas invocando constituyente, luego poder constituyente y ahora un gran acuerdo.
La segunda es la Ley 50, que modernizó en algo la estructura laboral y que ahora se pretende retrotraer con la propuesta de reforma dando poder a los sindicatos y generando costosas inflexibilidades laborales. Esta continúa con vida y si se aprueba tendrá un efecto económico desastroso.
No genera empleo -como el mismo gobierno reconoce- y tampoco resuelve el gran problema social del país: la informalidad, que a su vez es el determinante fundamental de la pobreza.
La tercera es la reforma pensional. El propósito de generar un sistema mayoritariamente público ha chocado con la reacción social de proteger el ahorro individual y asegurar la buena gestión de los recursos.
La maniobra para lograr la aprobación en el congreso ha dejado vacíos legales y sinsabores políticos de legitimidad. Pero tampoco resuelve el problema de fondo. Las nuevas generaciones no tienen empleo formal desde el cual aportar a su pensión.
La cuarta es la reforma a la Ley 30, que estableció un sistema mixto de educación para los colombianos. Al igual que la reforma laboral esta tenía en el trasfondo los intereses y defensa de prebendas de Fecode y de los profesores de universidades públicas.
La reforma propuesta nunca mostró un valor real de cumplimiento de objetivos de transformación social y cuando se quiso exigir a Fecode que se comprometiera con la calidad en la educación, prefirió irse a paro para presionar su hundimiento.
La quinta es la reforma a los servicios públicos y al sistema eléctrico que se anuncia será presentada en la nueva legislatura y que busca cambiar lo establecido en las leyes 142 y 143. No importa lo que el país ha avanzado y las millonarias inversiones que se han podido realizar sin comprometer recursos públicos que se han podido destinar a la agenda asistencialista derivada de la constitución del 91.
Otro engaño más que no resuelve la pobreza, sino que la agravará haciendo a los más vulnerables dependientes de empresas públicas ineficientes, La agenda de este Gobierno es un gran engaño, y el resultado de su gestión plagada de ineptitud y corrupción, es la gran decepción.
El gobierno decidió acabar su financiación de Colfuturo, una entidad que por más de 30 años brindó a más de 25,000 colombianos la oportunidad de estudiar posgrados en el exterior. Decidieron hacerlo en el momento en que como país necesitamos mirar hacia afuera
El mundo necesita economías fuertes, sí; pero también necesita personas con esperanza, propósito y gratitud. Y eso, créalo, también mueve el PIB de la vida.
En términos de urgencia, la prioridad debe ser la asignación de nueva capacidad que no tiene un límite intrínseco diferente al costo de expansión del sistema, perfectamente gestionable con planeación y señales económicas claras
