La desgracia de “la mala” EPS

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La gran desgracia del sistema de salud ha sido “La Mala” EPS. La historia comienza siempre de manera parecida para “La Buena” y para “La Mala” EPS. Las entidades reciben cada mes recursos públicos destinados a atender a millones de personas. Sobre el papel, deben administrar el riesgo en salud, contratar hospitales, pagar medicamentos y garantizar que un paciente no quede abandonado entre una autorización y otra. Pero, en algún momento, “La Mala” deja de responder adecuadamente a sus afiliados y comienza a servir a quienes controlan sus contratos, haciendo uso doloso de un flujo de caja que tiene capturado.

La captura no ocurre de un día para otro. Primero llegan los proveedores cercanos. Después aparecen clínicas relacionadas con los administradores, intermediarios que cobran comisiones, facturas difíciles de verificar y contratos celebrados sin suficiente competencia. Los sistemas de información se vuelven deliberadamente confusos. La opacidad deja de ser una falla administrativa y se convierte en una forma de poder: quien controla las bases de datos decide qué se paga, qué deuda se reconoce y qué información llega a los organismos de vigilancia.

La EPS empieza a dejar una estela silenciosa: hospitales sin pago, proveedores suspendiendo servicios, pacientes buscando medicamentos. Los pasivos crecen, pero no siempre aparecen oportunamente en los estados financieros. La entidad puede conservar durante años una apariencia de funcionamiento porque continúa recibiendo recursos por cada afiliado.

Finalmente llega la intervención y se pasa de la EPS capturada a la intervención capturada. El agente interventor reemplaza a la junta directiva y al representante legal. Desde ese momento concentra facultades considerables: controla la contratación, reconoce las obligaciones, selecciona proveedores, ordena pagos y reorganiza la red de servicios en concierto con políticos corruptos.

En el gobierno de Petro este procedimiento se industrializó. La Procuraduría informó que en las EPS intervenidas se presentaron deterioro financiero, aumento de reclamaciones y mayores dificultades de acceso. En Nueva EPS, el costo de los servicios de salud pasó de representar 95,6% de los ingresos en 2022 a superar 121% después de la intervención.

La EPS capturada y la intervención capturada son lo mismo. En ambas, las decisiones se concentran en pocas manos; la contratación pierde transparencia; los acreedores desconocen por qué unos reciben pagos y otros no; los estados financieros se retrasan; y el paciente se convierte en la última persona en enterarse de que la organización que debía protegerlo ya no funciona.

La lección no consiste en defender cualquier EPS ni en rechazar toda intervención. Las EPS que desvíen recursos, oculten pasivos o nieguen sistemáticamente la atención deben ser sancionadas, sustituidas o liquidadas. Pero la intervención necesita reglas más exigentes: selección pública de los agentes, declaración de conflictos de interés, publicación de contratos y pagos, estados financieros periódicos, indicadores de atención comparables y vigilancia independiente por parte de una junta de acreedores.

Una EPS corrupta puede apropiarse de los recursos de la salud. Una intervención arbitraria, opaca o politizada puede hacer algo adicional: apropiarse también del argumento moral de que actúa para salvar el sistema. Cuando eso ocurre, el paciente queda atrapado entre dos capturas sucesivas. Primero pierde frente a quienes administraron mal la EPS; después, frente a quienes prometieron rescatarla y terminaron reproduciendo sus prácticas. La tarea ahora es acabar con “La Mala” EPS.