Colombia atrapada en su propia insensatez

Colombia parece haber construido una trampa fiscal que ella misma alimenta. Durante años el Estado ha ampliado de manera sostenida su gasto, especialmente el de funcionamiento, sin crear una base de ingresos capaz de financiarlo y sin transformar esa expansión en una mayor capacidad productiva. El resultado es una combinación particularmente costosa: más deuda, menos inversión y un crecimiento económico cada vez más dependiente del propio gasto público.

Los datos del Boletín de Información Económica (BIE) del Banco de la República, de junio de 2026, permiten observar la magnitud del deterioro. En 2019, los ingresos del Gobierno Nacional Central equivalían a 16,2% del PIB y los gastos a 18,7%, una brecha de 2,5 puntos del PIB. En 2025, los ingresos apenas habían aumentado hasta 16,33%, mientras el gasto había escalado a 22,69%. La brecha llegó así a 6,36 puntos del PIB. En esos mismos seis años, la deuda registrada en la serie pasó de 48,42% a 62,91% del PIB (Banco de la República, 2026). Es decir, el gasto aumentó casi cuatro puntos del PIB mientras los ingresos permanecieron prácticamente estancados.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirma el problema desde otro ángulo. Señala que el gasto total del Gobierno Nacional Central se separó de manera visible de su tendencia previa a la pandemia, mientras los ingresos no tuvieron un incremento equivalente. También indica que el exceso de gasto se concentra en funcionamiento y que la inversión pública continúa siendo modesta.

Este patrón ayuda a explicar por qué el tamaño del Estado se ha convertido en un freno al desarrollo. Su expansión no mejoró proporcionalmente la infraestructura, el capital humano, la productividad o las condiciones para invertir. Los datos indican que en 2025 la inversión fija representó apenas 16,1% del PIB, seis puntos porcentuales menos que el promedio de 2006-2019 y el nivel más bajo desde 1975. Al mismo tiempo, el crecimiento promedio del PIB de los últimos tres años fue de solo 1,6%, con un protagonismo creciente del gasto gubernamental.

La insensatez consiste en perseverar en un modelo que consume recursos futuros para financiar obligaciones presentes mientras reduce el espacio disponible para construir capacidad productiva. La deuda implica intereses crecientes; esos intereses demandan nuevos ingresos; la respuesta recurrente suele ser aumentar impuestos; mayores cargas tributarias y mayor incertidumbre pueden desestimular la inversión; y una inversión más débil limita el crecimiento del cual depende la futura recaudación.

Colombia necesita invertir esa lógica. La actual propuesta de presupuesto puede calificarse de sincera, pero es también la evidencia del desastre que somos. La discusión fiscal debe concentrarse en qué gasto puede eliminar, rediseñar o focalizar. El desarrollo requiere un Estado financieramente sostenible, capaz de proveer bienes públicos y crear condiciones para que empresas y hogares inviertan. Mientras el gasto corriente continúe desplazando el ahorro y la inversión, Colombia seguirá atrapada en una paradoja creada por ella misma: un Estado cada vez más costoso que termina reduciendo las posibilidades económicas que deberían financiarlo.