La reforma pensional pasó la Corte; las cuentas, todavía no

El 25 de agosto, la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional. Semanas después, la Contraloría advirtió que a Colpensiones le faltarían más de $4,2 billones para pagar las mesadas de este año. Parecen noticias distintas, pero cuentan la misma historia: el debate jurídico avanzó y las cuentas siguen sin cuadrar.

En la Sentencia C-264 de 2026, la Corte revisó cómo se tramitó la ley, no si su contenido es conveniente: la avaló, devolvió nueve puntos a la Cámara y fijó su vigencia desde el 1.º de abril de 2027. Si el nuevo sistema será sostenible no le correspondía decidirlo, y la advertencia de la Contraloría vuelve urgente esa pregunta.

Lo que un trabajador aporta a Colpensiones no se guarda en una cuenta a su nombre: se usa para pagar las pensiones de hoy. Y como esos aportes no alcanzan, el Estado pone la diferencia. Según la Contraloría, este año la Nación debía cubrir 44,6% de lo que Colpensiones necesitaba. Así, parte del costo de las pensiones actuales ya recae sobre el presupuesto y sobre las generaciones que vienen.

El faltante tiene una explicación concreta: el presupuesto supuso que el salario mínimo subiría cerca de 7,5%, y subió 23%. Como ninguna pensión de Colpensiones puede ser inferior al mínimo, todas las mesadas mínimas subieron en esa proporción, y muchas de las que estaban apenas por encima, que solo debían crecer con la inflación de 5,1%, terminaron alcanzadas por el nuevo piso. Según Colpensiones, más de 60% de sus pensiones se reajustaron con el salario mínimo. No es un asunto ideológico sino aritmético: el choque entre lo previsto y lo decretado agravó un sistema que ya era frágil.

Con ese punto de partida llega el nuevo sistema, cuyo propósito comparto: proteger a quienes nunca lograron pensionarse y acabar con la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Me preocupa una de sus reglas: desde 2027, quienes entren al nuevo esquema cotizarán en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos, y solo el excedente irá a un fondo privado. Y esas pensiones no se calculan con lo que cada persona ahorró, sino con una fórmula que suele reconocer más de lo que sus aportes permitirían pagar: esa diferencia es un subsidio. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, incluso en una pensión mínima cerca de dos tercios del valor de la mesada corresponden a ese subsidio.

Eso importa porque, según el Dane, en 2025, 85% de los ocupados que reportaron ingresos ganaba hasta dos salarios mínimos. Para casi todos ellos, entonces, el aporte completo irá a Colpensiones y, si logran pensionarse, su mesada demandará subsidio del Estado.

A ello se suma un cambio demográfico acelerado. Según cifras preliminares del Dane, en 2025 nacieron 433.678 personas, un tercio menos que en 2017. Habrá, entonces, menos cotizantes y más pensionados, y lo que la Nación deba transferir a Colpensiones será mucho mayor que hoy. El mismo Comité estima que esa transferencia casi se triplicaría hacia 2063: de 1,3% a 3,8% del PIB.

Aquí está el fondo del asunto: el problema pensional es, ante todo, laboral y demográfico. Un sistema solidario se sostiene sobre quienes cotizan, y en Colombia son pocos y serán cada vez menos: primero, por la caída de la natalidad; segundo, por el lastre de la informalidad. Entre mayo y julio de este año, 54,6% de los ocupados trabajaba en la informalidad, y en 2025 solo 43,2% cotizaba a pensión. La informalidad no es solo una desprotección para el trabajador: es también una base de aportes que al sistema le hace falta.

Juntas, estas piezas anticipan un sistema cada vez más dependiente del presupuesto público. No estamos ante una crisis solo pensional, sino ante tres presiones que se alimentan entre sí: menos nacimientos, una informalidad que no cede y un gasto público cada vez mayor. La pregunta no es si la solidaridad vale -es un principio constitucional-, sino cuánto puede prometer un sistema solidario cuando pocos cotizan, los ingresos son bajos y la población envejece.

La decisión de la Corte, entonces, no debería cerrar la discusión técnica. Antes de abril de 2027, el Congreso todavía puede revisar, lejos del afán político, si algunas reglas necesitan ajustes mediante una nueva ley. El umbral de 2,3 salarios mínimos es una de ellas.

Durante décadas, la población colombiana tuvo forma de pirámide: muchos jóvenes en la base sostenían a pocos mayores en la cima. Esa pirámide se está convirtiendo en columna. Un sistema en que unas generaciones pagan las pensiones de otras puede descansar sobre una pirámide; sobre una columna, apenas se sostiene si quienes están en la base trabajan formalmente y cotizan.

Hay que decirlo con claridad: la reforma pensional no cierra un ciclo, lo abre. Y, más pronto que tarde, tendremos que discutir una nueva reforma que parta de las realidades demográficas, fiscales y laborales que tenemos enfrente.