Diálogo con regiones

La apertura de un diálogo nacional de amplio espectro, en el que también tendrán cabida las regiones que le confieren su identidad al país, es un anuncio saludable por parte del presidente electo Gustavo Petro.

Los gobiernos territoriales lo han acogido con expectativas razonables porque lo interpretan como un gesto de apertura democrática orientado hacia la unidad de la Nación que estuvo en entredicho en los tiempos de la campaña.

El diálogo, tal como lo han descrito el presidente y su vicepresidenta electa, será la clave para abrir las compuertas hacia la construcción colectiva. Su valor será cada vez más grande en la medida en que no se limite exclusivamente a convocar a colectividades y movimientos políticos y trascienda mucho más allá de la definición de cuotas políticas de representación en los cargos de nivel decisivo en la administración nacional.

Su verdadero, su gran valor, radicará en la capacidad del nuevo gobierno de convertir esa convocatoria en una apertura pluralista en la que las comunidades y administraciones territoriales -limitadas en el curso de la historia por políticas de corte centralista- podrán generar aportes concretos en beneficio de su progreso social y su crecimiento económico. Todo ello resulta particularmente cierto cuando entendemos que la descentralización, la autonomía, la estabilidad fiscal y la disminución de la pobreza y la desigualdad en los territorios no deben estar condicionadas por divisas de carácter político o condicionadas por enfoques meramente ideológicos o dogmáticos.

El diálogo nacional y los diálogos regionales, integrados en un proceso dinámico, uniforme y sólido, bien pueden ser convertidos en los escenarios adecuados para la construcción colectiva de un Plan Nacional de Desarrollo en el que converjan los propósitos del país y sus regiones. Se trataría de un proceso que produciría insumos muy importantes para los nuevos Gobierno y Congreso y para las administraciones territoriales.

Metas fundamentales como la equidad, la inclusión social, la gratuidad en la educación pública y una transición energética, con mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental, no tienen por qué ser mutuamente excluyentes con políticas públicas que sirvan para fortalecer las capacidades de las entidades territoriales.

Nadie ha dicho que en el proceso que se avecina se partirá de cero. En el caso de las regiones y de sus ciudadanías, cada vez más activas, se han producido avances muy significativos. Los departamentos, por ejemplo, cuentan con esquemas asociativos que se desarrollan al amparo de una Ley de Regiones que las bancadas afines al presidente electo ayudaron a construir desde el Congreso. El Sistema General de Regalías, adaptable por supuesto a circunstancias nuevas, representa una valiosa fuente de recursos para el crecimiento social en los territorios y útiles para cerrar brechas sociales que se traducen, entre otros aspectos, en los rezagos en educación, ciencia y tecnología.

El Sistema General de Participaciones, donde aún no se logra restablecer el equilibrio necesario entre las responsabilidades que el centro suele asignarles a las periferias y los recursos necesarios para cumplirlas, también es adaptable a nuevas circunstancias. Las demandas regionales, provenientes de las propias comunidades, pueden ser convertidas, a instancias del diálogo, en un elemento fundamental para agregarle valor al proceso de descentralización. Se trata de la participación desde lo local, como lo ha pedido la vicepresidenta, mujer comprometida con las causas regionales.

Un diálogo así concebido puede aportar nuevas luces a los procesos de ordenamiento territorial que, al igual que la descentralización y la autonomía, también tiene origen en un mandato de la Asamblea Constituyente de 1991.