¿Descentralización-autonomía y federalismo para qué y para quién?

¿Qué tienen en común los Estados Unidos y Rusia, Alemania y Venezuela, Canadá y Brasil? Todos ellos son Estados federales. Sin embargo, son notorias las diferencias en sus sistemas políticos, los niveles de desarrollo y bienestar social, así como en las capacidades de sus administraciones territoriales. La arquitectura del Estado per se no produce efectos unívocos políticos, económicos, sociales y sobre la calidad de las instituciones. Es por ello que las reformas a la descentralización deben preguntarse: ¿Descentralización para qué y para quién?

Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y esta se organiza socio territorialmente; es decir que las oportunidades de desarrollo, el acceso a bienes básicos y las capacidades de los gobiernos locales es muy desigual. El sistema centralista tiene tres caras. La primera es de la nación sobre los territorios. El centro recaba 81% de los impuestos, los departamentos 5% y los municipios 14%. La nación gasta 68% y los gobiernos territoriales 9% y 23%. Se deriva la necesidad de una descentralización para balancear hacia “abajo” los tributos y el gasto total que fortalezca la administración, el desarrollo y la democracia territorial.

La segunda cara del centralismo es el triángulo de oro extendido, es decir la hiper concentración de todos los indicadores de desarrollo y bienestar en cinco ciudades y cuatro departamentos (Bogotá, Medellín-Antioquia, Cali-Valle, Barranquilla-Atlántico, Bucaramanga-Santander). Estos concentran 69% del PIB, 79% de la industria, 75% del crédito público y privado, las 12 mejores universidades, los mejores hospitales, los más altos estándares de sus burocracias y administraciones públicas. Si a nombre de la autonomía estos departamentos se quedaran con las rentas directas que se cobran en sus jurisdicciones (36,02% del impuesto de renta y 41,78% del IVA) se profundizarían aún más las brechas territoriales. Sumadas los grandes contribuyentes, cuya mayoría allí domicilian, suman 92% y 93% respectivamente. Se requiere extender las oportunidades más allá del centro a través de transferencias de igualación que se incrementen proporcionalmente más en los municipios de prevalencia ambiental, de mayor densidad étnica y de población rural dispersa. En esto se concentran todas las precariedades, así como los mayores activos ambientales, de allí proviene la población desplazada y campean la minería ilegal, los cultivos de uso ilícitos y los ejércitos privados. Descentralizar con un enfoque de equidad es pieza clave para la extensión de los mercados y de las capacidades en territorios carentes de institucionalidad, así como el camino a una paz duradera, estable y total.

La tercera cara del centralismo son las cabeceras departamentales con sus regiones funcionales. Bogotá y su área concentran 92,17%, Medellín y el Valle de Aburrá 65,59%, Barranquilla y Soledad 81,97%, Cali y Yumbo 55,49% y Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta 48,23%. En cada departamento es necesario cerrar brechas intermunicipales y entre el campo y la ciudad. Un Fondo de Convergencia Económica Territorial podría alimentarse tanto de fuentes nacionales (impuesto de renta y/o el IVA) como territoriales, tales como un porcentaje de las regalías o de viejas deudas de la nación con las entidades territoriales.

La dicotomía está clara: Mayor descentralización-autonomía y federalización para darle más recursos a los que ya tienen e incrementar las desigualdades o emprender el camino de cerrar brechas entre regiones, al interior de los departamentos y entre campo y ciudad, al tiempo que cuidamos nuestros sistemas ambientales estratégicos, fortalecemos las capacidades de los gobiernos locales, reconocemos e integramos al mundo rural y a los pueblos étnicos.