Hay un punto que las juntas suelen pasar por alto: el deber de diligencia del buen hombre de negocios que la Ley 222 de 1995 impone a los administradores no admite la excusa de que la decisión la tomó una máquina
En este gobierno, la corrupción no fue la excepción, sino una práctica sistemática. El proyecto criminal de captura del Estado se evidenció desde los denominados “Petrovideos”, la financiación de la campaña y los pactos de La Picota
Gobierno y sector privado deben reconstruir esperanza y confianza con hechos: atraer inversión, convertir proyectos en obras, hacer viables más empresas y crear empleo formal
