La ventana de oportunidad en educación

En semanas recientes el país recibió con inquietud noticias sobre la no continuidad de algunos de los alivios que el Icetex ofrece para contribuir a la financiación de la educación de cientos de miles de jóvenes. Este anuncio se suma a la incertidumbre que se generó a finales del año pasado por el retraso en algunos desembolsos, y la posible reducción de nuevas aprobaciones por parte de esta entidad. En suma, la política del gobierno actual hacia el crédito educativo ha terminado por preocupar a estudiantes, familias y actores del sector, y con razón: la interrupción de esta financiación dejaría a los jóvenes sin opciones para prepararse y encontrar oportunidades de desarrollo profesional que les permitan mejorar su calidad de vida.

Pero la incertidumbre que rodea el futuro del Icetex es apenas el comienzo de nuestros problemas. A pesar de los esfuerzos presupuestales que se vienen haciendo desde hace años, el aumento de la cobertura en educación superior se ha desacelerado notablemente, hasta casi estancarse en años recientes. Según fuentes del Ministerio de Educación, entre 2012 y 2017 la cobertura bruta pasó de 42,3% a 52,8%, mientras que en los siguientes seis años apenas llegó a 55,4% (cifra para 2023, ver Gráfico 1).

Este estancamiento no solo limita las oportunidades de los jóvenes, sino que compromete el futuro del país. La evidencia es clara: la educación es un factor determinante de la productividad laboral y del nivel de vida. De hecho, en los países de la Ocde, los niveles de cobertura son en promedio de 75%, 20 puntos más que en Colombia. En ese contexto, un año adicional de escolaridad promedio se asocia con ingresos per cápita que son 30 % o 40 % mayores que el nuestro. Infortunadamente, este indicador también incrementa muy lentamente en el país e incluso se ha estancado alrededor de 10,2 años de escolaridad promedio en personas entre 15 y 24 años (según cifras de MinEducación).

Por primera vez en décadas, los líderes de todo tipo de organizaciones en Colombia podrían enfrentar una generación de talento humano cuya proporción de graduados en educación superior no es significativamente mayor que la anterior. No obstante, el país tiene ante sí una ventana de oportunidad única. Según proyecciones del Dane, entre 2025 y 2035, la población en edad de asistir a la educación superior (17 a 21 años) se reducirá “tan solo” en 88.000 jóvenes. En cambio, entre 2035 y 2045, esta caída será mucho más drástica, alcanzando el medio millón de jóvenes (Gráfico 3). Estamos a punto de transitar la frontera del último bono demográfico y entrar en una era de “impuesto demográfico”, con 2 dependientes por cada 3 personas en edad productiva.

El reto es claro: en la próxima década, Colombia debe aumentar rápidamente su cobertura en educación superior. Para lograrlo, se necesita un esfuerzo coordinado de todos los sectores, con un enfoque especial en los jóvenes de menores ingresos, cuyo acceso sigue siendo limitado (p.ej., Fergusson y García-Villegas, 2021).

La historia muestra que es posible acelerar la cobertura si se utilizan todas las herramientas disponibles. Entre 2010 y 2016, logramos aumentarla del 37% a 51%, con un impacto significativo en los hogares más vulnerables (Londoño-Vélez y otros, 2020). Este avance se logró gracias a una combinación de estrategias: mayor financiamiento a universidades oficiales (+50% de crecimiento acumulado en presupuesto de la nación), programas de subsidios a la demanda (como Ser Pilo Paga) y un incremento en los créditos educativos del Icetex (ver Gráfico 4).

Mirando hacia el futuro, es esencial seguir ampliando los cupos en universidades oficiales, pero debemos ser realistas. Aunque el porcentaje de estudiantes completamente financiados por el Estado ha crecido de manera considerable, esta situación no es sostenible dada la crítica situación fiscal del país. Hoy, de cada 100 estudiantes de educación superior, 53 son financiados totalmente por el Estado (frente a 48 en 2016), 12 dependen del crédito educativo (15 en 2016) y 34 utilizan otras fuentes (37 en 2016).

Para afrontar este desafío, debemos ser creativos y solidarios. Diseñar programas de becas parciales, fomentar la filantropía y la inversión de impacto serán clave. Además, es urgente revitalizar el ecosistema de crédito educativo, tanto en su componente público como privado. Históricamente, ha sido una de las herramientas más costo-efectivas en términos relativos para garantizar el acceso a la educación superior.

El futuro de Colombia dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. La educación superior es el puente hacia una sociedad más próspera y equitativa. Aprovechemos la última ventana de oportunidad antes de que se cierre.

*Escrita con coautoría de César Eduardo Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas Eafit