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Altísima tensión y preocupación por la posibilidad que el régimen que aflige a Venezuela desde hace más de 25 años, se perpetúe en el poder. El problema no es solamente su continuidad, mucho más está en juego. Si bien nos hemos concentrado en el análisis político, los efectos en la seguridad son tan graves, que pueden no solo asegurar la longevidad de las disidencias que amenazan al país, sino la misma gobernabilidad y seguridad futura de Colombia.
En las últimas décadas del conflicto armado interno, cuando las Farc decidieron pasar de la tradicional guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, convirtieron Venezuela en su centro de operaciones estratégicas, refugio del antiguo Secretariado -ahora cabecillas de las disidencias- y el eslabón final de su principal fuente de ingresos, el narcotráfico.
Con la anuencia de Chávez desde su llegada al poder en 1999, la presión de la Fuerza Pública durante la política de seguridad democrática, que obligó la retaguardia guerrillera en los estados de Apure y Zulia, así como las evidencias digitales halladas en computadores de las Farc que demostraban su presencia en ese país y los vínculos narcotraficantes con el cartel de los soles, el régimen venezolano ha sido un actor complaciente ideológica, financiera y logísticamente del terrorismo que ha afligido a Colombia durante los últimos 30 años.
Ni siquiera luego del proceso de paz en 2016, la dictadura venezolana se esforzó en expulsar a los disidentes que se negaron a participar en la desmovilización. Prueba de ello, fue la muerte de la cofradía criminal integrada por verdugos de la talla de Santrich, El Paisa y Romaña en ese país. Por su parte, Iván Márquez e Iván Mordisco quienes realizaban cínicos comunicados desde Venezuela con esos cabecillas luego abatidos, hoy están al frente de las dos principales disidencias que amenazan la seguridad del país.
En materia de narcotráfico, la línea fronteriza concentra casi el 30% de cultivos ilícitos. Por otra parte, en Arauca y la Serranía del Perijá, el ELN controla las principales rutas de salida y acopio de droga hacia Venezuela, retribuida en dinero y armamento. Las alianzas de Venezuela con países reconocidos por apoyar el terrorismo como Irán, así como la estrecha relación con Rusia, uno de los principales fabricantes mundiales de armas, garantizan el funcionamiento de la cadena de operación logística y de abastecimiento que requieren las disidencias para funcionar: dinero, material de guerra, refugio y protección a sus cabecillas.
Desde la denuncia diplomática que en su momento realizara Luis Alfonso Hoyos, embajador de Colombia ante la OEA en su Consejo Permanente de 2010, de la presencia de 1.500 guerrilleros de las Farc y el ELN en 28 campamentos en Venezuela, las evidencias de presencia, apoyo a las disidencias y al crimen organizado ha sido una constante.
Perpetuar el régimen que pasa por encima de la democracia y viola los derechos humanos, es permitir la longevidad y fortalecimiento del crimen organizado. El mismo que extiende sus tentáculos por Latinoamérica, ese que asesinó al fiscal Pecci, ese que secuestró y asesinó la hija del expresidente de Paraguay, Cecilia Cubas por parte de las Farc, el que entrenó en explosivos a sus integrantes por parte de ETA y que creó el siniestro capítulo de la Comisión Internacional que captaba finanzas ilegales y servía de plataforma del narcotráfico en el extranjero, so pretexto de su ideología socialista.
Omitir la condena o prestar apoyo a la dictadura que pretende perpetuarse, no solo es una burla a la democracia, sino la patente de corso para el fortalecimiento de las redes de crimen que financian estos grupos y que ahondan la violencia contra la población, militares y policías. Sólo esta semana otros dos soldados fueron asesinados por el ELN en Arauca. Todos los mecanismos políticos y económicos posibles deben ejecutarse, la activación de la carta democrática interamericana, sanciones y medidas coercitivas, pues como señaló el expresidente Andrés Pastrana: la paz de Colombia pasa por la democracia en Venezuela.