Ni rompiendo la alcancía

En clase de finanzas públicas de la Universidad EIA, debatía con mis estudiantes de Ingeniería Financiera y Administrativa, cuál sería la mejor ruta para sacar a Colombia de la crisis fiscal. Sus respuestas, más allá de soluciones ingenieriles de ingreso, gasto o proyecciones económicas -donde son muy hábiles- me causó especial sorpresa cuando coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones inclusivas, la innovación y el desarrollo, así como el cuidado de la democracia. Una mezcla entre los nobel de economía Joseph Stiglitz y James Robinson, agregando al análisis una dosis de realismo nacional.

No puedo negar que se recargó mi batería de esperanza-país, al ver cómo esta generación de jóvenes viene madurando su conciencia política alrededor de los problemas de la nación. Encontré además, un valor propio del perfil que procura la inaugurada y con gran proyección Tech Business School, TBS, de la misma universidad, donde se forman estos jóvenes: el liderazgo. Asumieron como propia esta discusión de las realidades económicas nacionales y sociales, proponiendo tres líneas de acción estratégicas para este problema público, que de seguir así, nos dejará con profundos desequilibrios macroeconómicos.

La primera es que si bien la crisis fiscal colombiana no es un fenómeno coyuntural, sino crónico, la decisión de suspender la regla fiscal, nos lleva a una de las peores descompensaciones en materia de finanzas públicas de nuestra historia, agravando la situación de pobreza y la imposibilidad de atender la generación de empleo, la salud y la educación. Extiendo una alerta roja también, sobre las pensiones y asignaciones de retiro.

Haciendo un recuento histórico, desde 2020 hasta 2024, el déficit fiscal se ha mantenido históricamente entre 6% y casi 8%, el nivel más elevado en dos décadas después de la pandemia. La medida de suspender la regla fiscal a la que sólo se debe acudir de manera extraordinaria, buscó en ese momento, sostener vía subsidios y exención de impuestos, el empleo y los recursos de productividad paralizada por esta emergencia. Fue necesario.

Sin embargo, esta decisión es imprudente si prolonga los vigentes desequilibrios estructurales. Con 86% del Presupuesto ya comprometido por ley en intereses, transferencias y seguridad social, entre otros, el margen de maniobra es mínimo, abriendo completamente la puerta a un endeudamiento impagable. Es llevarnos a la Argentina de las últimas décadas, con hiperinflación, estancada y que incluso restringió a los ciudadanos el retiro de dinero de sus cuentas bancarias: el famoso “cacerolazo” de 2001. Esta realidad sólo cambió recientemente con agresivas medidas de recorte y austeridad del gasto público y promoción de incentivos a la productividad. Sólo así, por primera vez en décadas, el país austral alcanzó un superávit fiscal de 1,8% según la Ocde.

La segunda es que agregando las variables de análisis financiero, el costo real será en que el déficit podría elevarse a 7,4% del PIB. Moody’s podría bajar la calificación crediticia (hoy en BAA2, con panorama negativo); el acceso a créditos blandos y flexibles del FMI podría cerrarse; y Colombia perdería credibilidad ante los mercados internacionales, desincentivando la inversión y por ende, el empleo. Seguiríamos creciendo apenas alrededor de 2,5% del PIB.

Y la tercera, desde el análisis de la realidad nacional se concluye que es absolutamente incoherente, cuando el gasto del gobierno crece a ritmos alarmantes, como el de personal que subió 30% o el de la burocracia en contratos de prestación de servicios por $10 billones adicionales. Una maquinaria que devora el recurso público sin ningún resultado. Finalmente, cerró nuestra interesante discusión cuando apareció la variable confianza.

Cuando no hay resultados, la ciudadanía no cree, no deposita esa confianza. La evidencia se refleja en la alarmante caída de la recaudación tributaria el año pasado de $18,5 billones, muy por debajo de lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, es decir casi $13,9 billones menos de lo proyectado. Reitero, cuando se afecta la credibilidad de las instituciones públicas, por la corrupción, la destrucción del conocimiento técnico por politiquería y burocracia, por la falta de ejecución y la incoherencia entre el discurso y la realidad, no hay reforma que valga. Así, la gente no cree, no confía.

Será ya en el nuevo gobierno, donde el país avance hacia tres decisiones estratégicas en política económica y fiscal: una reingeniería estructural de las finanzas basada en la eficiencia e incentivos tributarios a la producción y no mediante solamente vía tributaria. Un gasto público eficiente en lo que llamo, los cinco fundamentales: salud, educación, servicios públicos, infraestructura/I+D y seguridad; y una protección social inteligente orientada a un nuevo sistema tripartito progresivo desde su primer eslabón: a mayor empleo generado, más financiamiento de la salud y por ende de un esquema mínimo que asegure las pensiones. Es así que desde el liderazgo basado en el conocimiento, se encuentran rutas innovadoras para reconstruir el país desde la academia.