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Aeropuerto El Dorado 05:00 AM, cientos de viajeros a quienes una aerolínea no responde por sus vuelos, deciden bloquear el ingreso a las salas de espera de otras personas que, como ellos, también tenían urgencia de viajar. Rápidamente se reprodujo la misma situación en Cartagena, Barranquilla y otros aeropuertos, obligando la intervención de la Policía. Cada semana se presenta un promedio de 10 bloqueos en todo el país, donde diferentes sectores de la ciudadanía reclaman un derecho que no es resuelto o por el que nadie les responde.
Se acude a las famosas “vías de hecho”, es decir, hacer valer una pretensión o derecho por propia mano o de forma arbitraria…reclamo mi derecho, pero no me importa afectar el de los demás. Infortunadamente bloqueos, vías de hecho y diferentes manifestaciones de incivilidad se han vuelto recurrentes.
Acudimos al escenario donde camino a casa se encuentra una vía bloqueada, un bien público siendo destruido o personas descendiendo del transporte público paralizado, desplazándose largas horas a pie para llegar a sus hogares; todo esto en detrimento de nuestra calidad de vida ¿En qué momento llegamos a este punto?
Cuando se revierten los valores ciudadanos para que el fin justifique los medios, y además se acompañe de narrativas que lo aprueban, se derivan dos efectos críticos en el comportamiento social: o los demás imitan la misma conducta, porque ven que a los primeros les genera rédito y logran su objetivo, o se genera una reacción en cadena que replica estas “malas formas” hasta hacer insostenible el transporte, el comercio, incluso el abastecimiento de víveres o la movilidad de ambulancias, afectando la vida, la seguridad alimentaria y la salud pública.
Sin embargo, dos instituciones que guardan tanto la garantía máxima de la justicia: la Corte Constitucional, como la fuerza al servicio del derecho: la Policía Nacional, transmiten tranquilidad y decisión en estas conductas.
La primera, con la sentencia C-009 de 2018, que ha sido tajante en señalar que el derecho a la reunión y manifestación pública son fundamentales, pero excluye de su contorno la violencia, no solo la que se materializa agrediendo a otro, sino la que se emplea para bloquear vías, perturbar el transporte terrestre o dañar bienes públicos, pues todas estas conductas son penales, es decir, son delitos.
Además establece una restricción para las expresiones o discursos que tienen un valor negativo para la democracia, particularmente aquellas que hacen apología al odio, la violencia y el delito. La segunda, en la Policía Nacional, que ha debido asumir posturas valientes para defender la ciudadanía que no comparte estas conductas, incluso a costa de su imagen y más aún, de la integridad de sus uniformados, quienes muchas veces, cuando intentan retomar el orden, son agredidos.
Aun así, interviene vías y lugares abiertos al público que son perturbados, para evitar que el supuesto “derecho” de unos particulares se imponga sobre el de las mayorías. De eso no hay duda: garantías para el ejercicio del derecho, pero firmeza cuando se vulnera el cumplimiento de la ley.
Decía Steven Covey: “primero trata de entender al otro, después trata de que te entiendan a ti”. Si en el comportamiento ciudadano prevalece la “ley de la selva” imponiéndome sobre los demás, no alcanzarán los policías para atender los comportamientos contrarios a la convivencia.
El estado de cosas en esta tendencia de emplear las vías de hecho, exige instituciones y gobernantes no solo empáticos con esa necesidad y “dolor” del ciudadano -quien puede sentir vulnerados sus derechos-, sino muy especialmente oportunos, transparentes y diligentes, tres virtudes cada vez más necesarias en el servidor público, para que respondan con eficiencia las demandas antes que se desborden y nos acostumbren a la pesadilla de las vías de hecho.
