Analistas 19/08/2020

El alcalde y la institucionalidad

La reciente decisión de Daniel Quintero de impulsar a EPM a que interponga una multimillonaria demanda (previo intento de conciliación prejurídica) contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del megaproyecto Hidroituango, le ha traído al señor alcalde beneficios inmediatos: unos cuantos aplausos y, sobre todo, mucha prensa. Los beneficios para EPM, sin embargo, son menos claros, sobre todo si consideramos que los estudios técnicos sobre la contingencia habían llevado que una de las aseguradoras aceptara reembolsar hasta US$3.184 millones, que ya se habían empezado a pagar. En cambio, la demanda terminará siendo un pleito largo (en el que resultará casi imposible conciliar) con unos riesgos considerables para EPM: voces expertas en la materia aseguran que será difícil de ganar, pues no hay claridad frente a la existencia de acervo probatorio en contra de los consorcios, y que, aún si se llegase a ganar, probablemente sería impagable. De hecho, no sorprendería que los consorcios terminen contrademandando a la empresa por los daños reputacionales que este pleito les acarreará.

Pero aún con lo arriesgada de esta movida, los males para el patrimonio de los antioqueños no terminan allí. A esto debemos sumar la decisión del alcalde (y el gerente de EPM) de no discutir en Junta Directiva ni la conveniencia de esta demanda, ni otros temas de gran calado como la ampliación del objeto social de EPM. Esto no solo atenta contra las buenas prácticas de gobierno corporativo que habían caracterizado a la Empresa -desconoce, por ejemplo, el Convenio Marco de Gobernabilidad vigente entre EPM y la Alcaldía desde 2007-, sino que previene la construcción y análisis de una matriz de riesgos que tradicionalmente ha respaldado la toma de decisiones en EPM.

La inevitable renuncia de la Junta en pleno y las dificultades observadas para nombrar una nueva Junta evidencian la gravedad de lo ocurrido. Y, como resulta natural, los observadores atentos no hicieron esperar su reacción: la calificación de riesgo de la deuda emitida por EPM ya está en duda, y es probable que el proceder del alcalde y el gerente resulte en mayores costos de financiación, lo que a la postre limitará la inversión y operación de la -hasta ahora- empresa pública estrella del país.

La tumultuosa semana anterior incluyó también un episodio inédito de disputa entre el mismo alcalde y la Junta Directiva de Ruta N -el centro de negocios e innovación de la ciudad. Esta Junta también renunció en pleno ante la insistencia de Daniel Quintero de sustituir el director de dicha corporación, nombrado hace solo ocho meses, y quien aparentemente no quiso ceder a las presiones burocráticas del alcalde. Cuatro exdirectores de Ruta N se pronunciaron al unísono con gran preocupación, hecho que evidencia lo extraordinaria de la situación.

El buen sistema de gobierno del patrimonio de los antioqueños, representado en organizaciones como EPM y Ruta N, ha permitido construir una relación de confianza entre los ciudadanos y su administración. Esta confianza se ve hoy amenazada por un alcalde que conoce o respeta poco los arreglos institucionales que por tantos años han permitido el ordenado funcionamiento de la cosa pública en la ciudad, y han sido motivo de orgullo de los antioqueños.