Solo quedó la impunidad

Finalmente, después de ocho años la JEP se pronunció con sentencias impartiendo justicia según fueron las reglas acordadas con los levantados en armas mediante el proceso de paz que se llevó a cabo con las Farc. Mas allá de la inconformidad de las víctimas, que es totalmente comprensible por el grado de impunidad que significaron las penas a la luz de los delitos atroces cometidos por la guerrilla, eso fue lo que se acordó en un proceso de paz discutido y discutible y a lo que se comprometió, no la administración Santos, sino el Estado colombiano.

La sociedad, el Congreso y el Ejecutivo le apostaron a asumir el costo de la impunidad evidente a cambio de la verdad, la no repetición, la reparación a las víctimas y sobre todo la paz. Era un sapo duro de tragar, pero uno que valía la pena después de años de conflicto con una guerrilla que a medida que avanzaba el tiempo se manifestaba con acciones demenciales, y cuya esencia ideológica se fue desfigurando a medida en que se involucró en el tráfico de estupefacientes. El Estado había demostrado su incapacidad de someter mediante el uso legítimo de la fuerza a quienes se habían alzado en armas. La dura ofensiva del gobierno Uribe los había debilitados y sobre todo evidenciado, pero como lo demostraron los falsos positivos, las líneas éticas de quienes representaban la institucionalidad se fueron desvaneciendo al punto que el estado cayó también en prácticas abominables.

El escenario estaba dispuesto para que Colombia viera la luz al final del túnel después de un conflicto que había perdurado tres generaciones. Se abrió la puerta para que el Ejército jugando limpio procediera de manera implacable contra aquellos que no había aceptado esa generosa oferta de impunidad, a la vez que el estado ocuparía con presencia institucional aquellas regiones del país que por años dominaron los alzados en armas. El proceso de paz era apenas la cuota inicial de una apuesta a largo plazo en la cual el estado ejercería control, quizás por primera vez en la historia del país, en todos los rincones de la patria.

Pero desafortunadamente para esta nación adolorida se dejó pasar el momento y de toda la estrategia solo quedo la impunidad, el desconcierto y dolor. Primero la administración Santos fue tímida y deficiente en la implementación de un proceso que esta misma había inventado, después vino la nefasta administración de Iván Duque que haciendo gala de la torpeza con la cual manejó los asuntos del Estado, omitió avanzar en los compromisos adquiridos, queriendo bombardear el proceso de paz. Para rematar, el desastre sucedió a Duque con el actual mandato Petro, que no solo abandonó el camino acordado, sino que se aventuró, tal vez con el propósito de emular con Santos, en una paz total que, a diferencia del acuerdo suscrito, primero ofreció la impunidad y esperaba a cambio una paz que a todas luces era elusiva e imposible.

El Estado incumplió, pero también la guerrilla incumplió. Algunos sectores de esta insurgencia regresaron a las armas, y la sociedad aún no ha conocido la verdad acerca de los cientos de desaparecidos y menos aún han recibido las víctimas la reparación prometida.

Del proceso de paz solo parece quedar entonces la impunidad, ya que a cambio de ella no obtuvimos la paz, ni la verdad ni la reparación. La dirigencia política y