En un excelente análisis del Presupuesto de la Nación para 2021, que realizó Amilkar Acosta en La República, se pone en evidencia la gravedad del endeudamiento que tiene el país y cómo esta situación se pretende esconder con piruetas contables.

En aras de no echarle la culpa exclusivamente al gobierno Duque es pertinente registrar que la situación se ha venido empeorando en los últimos ocho años, así en Colombia la deuda del gobierno central creció de manera considerable desde 2012, año en que esta representaba 34,6% PIB para llegar en 2019 a un endeudamiento equivalente a 50% de PIB. Se estima que para finales de 2020, como lo reconoce el ministro Carrasquilla, y como resultado de la crisis, este porcentaje llegará a 65%.

Al tema de la deuda hay que añadir que una parte considerable de la misma se gestiona en dólares. Solo este año se estima un endeudamiento de US$10.000 millones adicionales.

Lo que sucede con este enorme endeudamiento, como lo señala Acosta es que el pago de intereses y capital va erosionando el presupuesto dejando cada vez menos recursos para sectores importantes para la sociedad, algunos de los cuales están relacionados con la financiación del proceso de paz.

Ahora bien al endeudamiento se suma una fuerte devaluación del peso que pasó de $3.277 al cerrar 2019 a $3.758 al cierre del primer semestre de 2020, para una ¡devaluación de 14%! Esa devaluación es un golpe adicional al presupuesto, puesto que el Gobierno tendrá que apropiar mayor cantidad de pesos para pagar la misma cantidad de dólares adeudados. Es este un escenario que hace ver negros nubarrones en 2021.

Es que como ya se mencionó la crisis agarró a Colombia, como se dice coloquialmente, “con los pantalones abajo”, ya que se pensó que esos altos niveles de endeudamiento no serían problema con tasas de crecimiento que oscilarían entre 3% y 4% en los próximos años. Contrario a los esperado, la realidad es que tendremos un crecimiento negativo que puede llegar a 6%.

Ese mal arranque nos pone en una situación más vulnerable de la que afrontan nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Perú al terminar 2019 tenía un endeudamiento equivalente a 26,8% del PIB y con los gastos de la pandemia se prevé que esta cifra crezca a 46%. Similar es el caso de Chile cuya deuda puede llegar a 50% del PIB igual al endeudamiento que Méjico espera tener en 2020.

Es claro que el endeudamiento es una de las razones principales de nuestro hueco fiscal, y el gran reto que tiene el país en los próximos años es cómo resolver esa difícil ecuación. La deuda hay que pagarla y el recaudo en 2021 necesariamente tendrá que caer producto de la contracción de la economía.

A esa situación se suma la crisis social que ya era manifiesta antes de la pandemia y que tan solo quedo aplazada y agravada por esta, y el deterioro de la situación de orden público. Estos dos fenómenos van a demandar muchos recursos si queremos ver apaciguadas las olas de violencia urbana y rural y todavía no sabemos de dónde van a salir.

Los analistas argumentan que la fuente son las exenciones del IVA, pero eso sería regresivo, otros dicen que hay que gravar el capital lo que desestimularía la inversión necesaria para la recuperación, más deuda o vender los activos de la nación. Difícil panorama que va requerir austeridad del Gobierno en lo no esencial, focalización del gasto y control de la corrupción.