Analistas

El tamaño y la eficiencia del Estado

Periódicamente se revive el debate del tamaño del Estado, más cuando, como en esta época, se discute en el Congreso el presupuesto de la Nación para el año siguiente. A esto, se suma el debate de los impuestos en el sentido que el Estado le está quitando recursos a los privados para hacer a este cada vez más grande y limitar la acción de aquellos.

Normalmente, cuando se habla de estos temas se mide el tamaño del Estado por la participación del gasto público en el PIB, y como anota el codirector del Banco de República en entrevista con la revista Semana, en Colombia esta participación es baja lo que haría pensar que el tamaño del Estado en Colombia es pequeño. De hecho, desde las reformas introducidas en la administración Gaviria se han ido privatizando empresas y funciones que antes estaban en cabeza del Estado. Se privatizaron los puertos, se han privatizado muchas labores de generación y distribución necesarios para la prestación de los servicios domiciliarios. Se ha llegado al extremo de privatizar los partes de tránsito y en algunas ciudades se vio el exabrupto de privatizar el recaudo de impuestos.

Todo este proceso de privatización se hizo con el ánimo de hacer el Estado más eficiente, ya que se da por sabido que el sector privado es más eficiente que el Estado en la prestación de muchos de estos servicios, lo cual no es necesariamente cierto como hemos visto en el caso de ¡¡Electricaribe!!, comparado por ejemplo con EPM que es una empresa oficial.

Si bien es cierto que el sector privado generalmente es más eficiente en la prestación de muchos de los servicios que el Estado trasladó al sector privado, ello no necesariamente ha resultado en un Estado más eficiente. No podríamos decir que años después de privatizar buena parte de la banca oficial (falta Banagrario), buena parte de la infraestructura y hasta las funciones de tránsito podamos afirmar que el Estado es más eficiente hoy que hace años.

Existió una ley antitrámites en 2012 pero, no obstante, como afirma el Informe Nacional de Competitividad 2016-2017, “los líderes empresariales del país consideran que el costo asociado al cumplimiento de trámites y normas aún es alto, como se evidencia en el indicador del costo de la regulación del Índice Global de Competitividad, en el que Colombia se ubicó en la posición 124 entre 138 economías en 2016”. Es que el problema no está en la propiedad de servicios por parte del Estado, o en el tamaño mismo del gasto público sino en la enorme “tramitología” que a diario se le ocurre a cada funcionario, en muchos casos con el peregrino argumento que son necesarios muchos controles del Estado para evitar la corrupción, cuando todos sabemos que a más trámites, más corrupción.

En una sencilla frase que se ha vuelto el derrotero de gobierno de Enrique Rivas, alcalde Nuevo Laredo en México, se resume de manera clara el papel del Estado. Dice el burgomaestre: “el mejor gobierno es que el que estorba menos y ayuda más”. En efecto, son la enorme cantidad de normas, regulaciones, trámites que estorban el quehacer empresarial y ciudadano lo que nos convierte en coleros de la competitividad.

Tal vez, una buena idea sería darle al Congreso unas vacaciones de un año así se disminuiría la corrupción y por año no tendríamos nuevas leyes entorpecedoras. Eso acompañado de un prohibición a funcionarios de sacar nuevos requisitos en los trámites ante el Estado, nos puede dar un impulso competitivo.