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A pocos días de conocerse el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en apenas un 5,36%, las críticas de académicos y políticos no se han hecho esperar. Este ajuste, que solo considera la inflación a noviembre, ignora factores estructurales como el aumento sostenido de los costos en el sector salud, el envejecimiento acelerado de la población y el incremento en la demanda de servicios. En consecuencia, se perpetúan barreras de acceso a medicamentos, servicios esenciales e innovaciones médicas, comprometiendo la atención integral de millones de colombianos. Surge entonces una pregunta crítica: ¿cuál debería ser el valor de la UPC para garantizar un sistema sostenible y equitativo?
Según datos de la Superintendencia de Salud, entre enero y octubre de 2024, las reclamaciones por barreras de acceso a servicios de salud aumentaron un alarmante 45,8%. Paralelamente, la deuda acumulada en presupuestos máximos supera los $2,9 billones, reflejando un grave incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
Este déficit afecta directamente a más de 90.000 personas con enfermedades raras, quienes dependen de una atención especializada constante y oportuna, ahora amenazada por la insuficiencia en la financiación del sistema.
El envejecimiento poblacional añade presión al sistema de salud. De acuerdo con el Dane, en 2024 Colombia cuenta con 52,7 millones de habitantes, de los cuales 7,89 millones (15% de la población) son mayores de 60 años. Este grupo, que incluye a 3,5 millones de hombres y 4,38 millones de mujeres, tiene una alta prevalencia de enfermedades crónicas, raras y de alto costo, por lo que será uno de los más afectados por la crisis de financiación que enfrenta el sector salud, ahora con la insuficiente UPC de 2025.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) advierte que el aumento del 5,36% está 11,6 puntos porcentuales por debajo del incremento mínimo necesario para cubrir los costos reales del sistema, estimando que el incremento debió ser en un 17%.
Este cálculo técnico evidencia que el ajuste actual pone en riesgo la cobertura y calidad del servicio para millones de colombianos, profundizando la crisis estructural del sistema de salud público.
Lo más cuestionable es que el gobierno nacional justifica este incremento insuficiente argumentando problemas de corrupción y lucro indebido en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y en el sector empresarial, sin ofrecer respaldo técnico o legal sólido a estas afirmaciones. Este enfoque, lejos de solucionar la crisis, desvía la atención de las verdaderas causas estructurales y agrava las dificultades de acceso y financiación en un sistema ya debilitado.
El ajuste insuficiente de la UPC no solo pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud, sino que también amenaza el acceso equitativo a servicios esenciales para millones de colombianos, especialmente los más vulnerables. Los crecientes reclamos por barreras de acceso, la falta de atención a factores estructurales como el envejecimiento poblacional y la omisión de un cálculo técnico adecuado evidencian una crisis que va más allá de los números.
Superar este desafío no será posible sin un replanteamiento integral, transparente y participativo en la financiación del sistema, que permita garantizar la sostenibilidad mientras se protege el derecho a la salud de una población cada vez más exigente y vulnerable frente a las fallas estructurales del sistema.