Un PND al rescate de nuestros océanos

Un capítulo muy especial del Plan Nacional de Desarrollo (PND) representa un mar de oportunidades para el país, pero particularmente para los 12 departamentos -ocho en el Caribe y cuatro en Pacífico- que tienen contacto directo con nuestros dos océanos. Se trata de un apartado completo del proyecto que sienta bases sustanciales para la definición de lo que el presidente Iván Duque ha llamado un Sistema Bioceánico, que sería integrado por entidades de los órdenes nacional y territorial.

Desde 1958, cuando el presidente Alberto Lleras Camargo adoptó la figura del PND para convertirla en la hoja de ruta de los gobiernos en cada cuatrienio, es la primera que en sus páginas son trazadas las líneas básicas de una política sobre el aprovechamiento racional de 998.000 kilómetros cuadrados de mar territorial.

Aprobado el Plan, se convertirá en el punto de partida de expediciones científicas que nos permitirá saber, por ejemplo, cuáles son las condiciones de hábitat de las 42.000 especies de peces (cerca de 12% de las conocidas a nivel mundial) que hacen parte de nuestra riqueza ictiológica, según un reciente estudio de Arturo Acero y Andrea Polanco, investigadores de la Academia Colombia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Será también del punto de zarpe -valga la analogía- gran nave de la infraestructura y la conectividad logística entre el país territorial con el costero, marino e insular. Ya hay proyectos divisables en el horizonte como la llamada Acuapista del Pacífico, un sueño que se ha visto aplazado desde 2005 y que busca unir con los lazos del desarrollo a municipios de Nariño y Cauca, principalmente, cercanos geográficamente, pero remotos cuando hablamos de la intercomunicación que debería vincularlos.

Existen otros del nivel macro como el puerto de aguas profundas en Barranquilla, un proyecto que desde hace más de 20 años ha estado atrapado en las redes de la política y la burocracia, pero que ahora sí podría cobrar vida en la “T” del desarrollo portuario demarcada por el río Magdalena y el Mar Caribe.

El Plan definirá además unas bases concretas para la generación de proyectos sostenibles en áreas de litoral, en beneficio de regiones y comunidades que habitualmente han estado marginadas y en las que los Planes de Ordenamiento Territorial no han tenido un impacto positivo.

Si las previsiones se cumplen, será posible el saneamiento y adecuación de extensas zonas de playa que han venido siendo explotadas de manera irracional, pese a la cruzada que en su defensa han desplegado organismos como el Consejo de Estado, que en su jurisprudencia ha defendido su condición de bienes fiscales y ha ordenado el desalojo por parte de quienes las ocupan con un único propósito de lucro personal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional representa un insumo muy importante en la misma dirección. Con fallo exequibilidad que señala pautas orientadoras, la corporación abrió en 2017 el camino para que Colombia cumpla cabalmente el Acuerdo de París, incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 1844 del mismo año.

La Corte hizo entonces una lectura del instrumento desde la perspectiva de los fines esenciales establecidos por la Constitución Nacional en cuanto al derecho a contar con un ambiente sano. Consideró que el Acuerdo, alusivo en amplia medida a la conservación de los océanos, se concreta en la adquisición de compromisos internacionales regidos por principios de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad y soberanía nacional.

El PND y la construcción del sistema interoceánico debe dar origen además a programas contingentes para frenar la erosión costera y generar recursos técnicos para el monitoreo de fenómenos naturales que se generan en el mar en estos tiempos en que el calentamiento global comienza a tornarse irreversibles.

No es preciso pensar solo en desarrollo a gran escala, sino en políticas prácticas y sostenibles para mejorar las condiciones de vida de pescadores que cada día se hacen a la mar guiados por el azar. Hombres y mujeres que en sus faenas surcan mares cargados de una riqueza que Colombia, a diferencia de países incluso con menos recursos que los suyos, como Perú, no ha sabido aprovechar de manera planificada y respaldada por un marco político-estratégico que sirva para desarrollarla y protegerla a la vez.

El Gobierno Nacional anuncia que el PND llegará de la mano de un documento Conpes titulado Colombia: Potencia Bioceánica 2030, que trazará las pautas de una política pública para el desarrollo integral y sostenible del territorio marítimo nacional.

Sin embargo, como el Plan Nacional de Desarrollo habla de que esa gran empresa de desarrollo y protección de nuestros océanos debe comprometer también los esfuerzos de los gobiernos subnacionales, las entidades territoriales, y particularmente los departamentos, deben ser oídos y tenidos en cuenta en los nuevos espacios de decisión.

Los territorios sueñan con convertirse en constructores y ejecutores de una política que debe darse en un escenario de equilibrio entre la asignación de recursos y atribución de nuevas responsabilidades.

El compromiso de llevar a buen puerto esa política y de no dejarla naufragar es un desafío que nos concierne a todos.