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El asesinato sistemático de los líderes sociales estremece a Colombia y a la comunidad internacional. 2020 comenzó con una escalada de muertes en las regiones, que exigen la acción contundente del Estado y la masiva movilización ciudadana para repudiar este fenómeno delincuencial.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha dado un paso adelante en la tarea convocando junto con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, a los 32 secretarios de gobierno departamentales a una jornada de capacitación para escucharlos, sensibilizarlos y darles herramientas para afrontar esta tragedia que impacta negativamente la confianza en la democracia.
En la sede de la FND, con la presencia de los representantes en Colombia de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Iberoamericanos, se abordarán cuatro temas esenciales para entender y afrontar la grave situación que afecta a los territorios y arrasa los liderazgos sociales: protección a la vida, diálogo social, alertas tempranas y elaboración de la política pública de protección.
El objetivo del evento es avanzar para que en los planes de desarrollo departamentales el tema ocupe un lugar privilegiado, con objetivos claros y metas medibles, presupuesto y acciones concretas, siempre en concordancia con lo ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad existente. Es urgente aprender las lecciones aprendidas en regiones marcadas por la violencia, como en los 11 municipios del Catatumbo, Norte de Santander, en donde el presupuesto dirigido a prevención y protección no superó 1% del total de recursos dirigidos a la protección de potenciales víctimas.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ha reiterado la obligatoriedad que tienen los mandatarios territoriales de incluir en los planes de desarrollo este asunto. Sin duda, más allá de las acciones que emprenda el Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores deben tener una enorme capacidad de liderazgo en la garantía de la vida. Así lo entendieron los mandatarios del período pasado, así lo harán los gobernadores actuales.
La estrategia humanitaria del Procurador Carrillo se ha caracterizado por una acción preventiva permanente en los territorios, trabajando de la mano de las organizaciones sociales, abriéndoles la puerta del Ministerio Público, escuchándolos en sus reclamos de garantías a sus derechos y exigiendo acciones de los responsables. Tiene mucho por mostrar a los nuevos funcionarios.
La FND ha acompañado al Ministerio Público en las convocatorias de las Mesas por la Vida, que han acercado a las organizaciones sociales, el Estado y la comunidad internacional, propiciando soluciones a la problemática. Precisamente, en la Mesa por la Vida de Apartadó, el presidente Iván Duque firmó el Pacto por la Vida, en donde se comprometió a elaborar una política pública de protección a las personas defensoras de derechos humanos. El país sabe que el Jefe del Estado esta honrado su palabra y ha puesto el tema como un asunto prioritario de su mandato.
La ministra del Interior, Nancy Patricia González, lidera el diseño de ese trascendental documento, cuyos lineamientos presentó el presidente Duque en Cartagena, el pasado 10 de diciembre. El próximo martes 28 de enero, en el segundo día del encuentro con secretarios de Gobierno, se realizará, precisamente, un taller para avanzar en el diseño de ese instrumento de política pública, que deberá ser firmado en el primer semestre de 2020, con el aval de los gobernadores y alcaldes, y el de todos los actores políticos y sociales.
La defensa de la vida debe unirnos, no dividirnos. Salvar vidas es un mandato ético en un país enfermo tras 52 años de guerra fratricida, en donde la disputa por el poder territorial no da tregua y se exige la presencia del Estado en toda la geografía.
Un elemento esencial en la protección de la vida es, además, el Sistema Nacional de Alertas Tempranas que dirige la Defensoría del Pueblo, cuyas advertencias deben ser de obligatoria observancia por los mandatarios territoriales. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, trabaja para que el tema, igualmente, se incorpore a los planes de desarrollo departamentales. Atender las alertas tempranas es una enorme responsabilidad de los funcionarios regionales.
En la pasada Mesa por la Vida de Cartagena, celebrada el pasado 9 de diciembre, una de las conclusiones después de una larga jornada de reflexión a muchas voces, fue, precisamente, incluir en los planes de desarrollo departamentales y municipales las muchas iniciativas para detener el desangre. Con evento, finalmente, estamos demostrando que trabajar unidos por la defensa de la vida no es un simple eslogan, sino un mandato ético que cumplimos para bien de la democracia.
