Supongamos que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por todos los delitos que se le atribuyen y comparemos esta hipotética situación con diversas faltas graves, cometidas por otros protagonistas de cualquier orientación ideológica.

Desde el año 1990, el movimiento guerrillero M-19 se desmovilizó y hoy, algunos de sus miembros, son respetados y hacen parte del grupo de honorables congresistas del país. Son “hombres de bien” que, gracias a la acción complaciente de una justicia amañada y a pesar de haber manchado sus manos con la sangre de magistrados, campesinos y ciudadanos inocentes, entre otros, pudieron escalar hasta los círculos del poder.

Para seguir con el recuento, desde el año 2003, una buena cantidad de paramilitares depusieron sus armas y se entregaron a las autoridades. Algunos de sus cabecillas fueron extraditados a los EE.UU. en 2008, y varios de ellos aún pagan sus condenas por delitos similares e igualmente graves a los cometidos por la guerrilla.

Luego, en 2016-2017, el turno de la desmovilización ante el Estado colombiano fue para las Farc, guerrilla reconocida por sus transgresiones realizadas en todo el país. La lista de los delitos que se le atribuyen a este grupo armado gira alrededor del secuestro de ciudadanos, el rapto de menores para incorporarlos, a la fuerza, a su mal llamada organización, el terrorismo, el narcotráfico con tentáculos internacionales, la extorsión, la violación de niñas y mujeres, el robo de tierras a los campesinos y una interminable lista de crímenes que se pueden considerar de lesa humanidad. Una enorme carga delictiva es la suma de lo hecho, durante años, por este grupo delincuencial, violador de los derechos humanos, que más bien parecieran ser los “izquierdos humanos”.

Por todos los medios buscaron conseguir que sus fechorías, cometidas al por mayor, fueran olvidadas prontamente, para borrar así todas estas faltas, garantizando de paso su custodia llena de inmerecidos privilegios. Ni las pruebas reales, como aquella del video que mostraba a Jesús Santrich maquinando una operación de un supuesto caso de tráfico de estupefacientes, fueron suficientes para investigar a fondo, y encerrar a los comprometidos. Esto demostró, una vez más, lo que se mueve alrededor del aparato judicial, con su ejecución amañada e ineficiente. Luego, la fuga del mismo Santrich a Venezuela confirmaría la burla a la justicia y el apoyo a la impunidad.

La Corte y otros honorables senadores, piden que se respete la independencia de los jueces. Hablan de pruebas reales. ¿Será que las pruebas contra Jesús Santrich eran irreales y por eso lo dejaron libre? ¿O será que éste tiene un hermano gemelo que el respetado juez aún anda buscando?

Es absurdo pensar que, con sus acciones más lo acontecido igualmente con el Cartel de la toga y demás investigaciones fallidas, la sociedad colombiana aun tenga confianza en la Corte Suprema de Justicia, porque resulta imposible impartir justicia cuando ella, dentro de sí misma, se presenta de forma inequitativa.

Lo que sí está claro es que hay un gran manto de duda, toda vez que la justicia ha generado muchos cuestionamientos con sus acciones y determinaciones. Para impartirla, primero se debe sembrar confianza en la ciudadanía, lo que no ocurre en Colombia porque, más cerca están los buenos de ir a la cárcel que los malos. La sensación de que exista una impunidad generalizada para tantos delitos no permite contar con un equilibrio entre lo que está bien y lo que está mal. La corrupción ronda rampante por todos lados y no pasa nada.

En medio de este nuevo episodio de polarización, infortunadamente, no se puede hacer honor al filósofo Chapulín Colorado, que está muy de moda con el “síganme los buenos”, ya que todos nos creemos los buenos, pensamos tener la razón y lamentablemente, quien nos contradiga es el malo y nuestro peor enemigo. Como diría este personaje, “¿Y ahora quién podrá defendernos?”. Porque no contaban con la astucia de una justicia llena de intereses y decisiones que se excusa repitiendo la frase del Chavo del Ocho: “fue sin querer queriendo”. Si la justicia, encargada de impartir la ley y defender la democracia, de manera sorprendente dicta la sentencia contraria a lo esperado, será difícil mantener la paz y el equilibrio en una sociedad dividida y llena de odios.

De manera inexplicable, a quienes representan un peligro para la sociedad se les otorga la libertad y a otros, menos comprometidos, se les convoca por parte de la justicia. Paradójicamente, por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hoy la Nación deberá indemnizar al senador Petro, mientras que la justicia fue laxa con su pasado guerrillero, pero contundente a la hora de reconocerle sus derechos. Ahora sí, ¡la justicia al revés y acomodada!

Como decía un superhéroe: a luchar por la justicia. Pero esta es una tarea difícil, porque un pueblo sin memoria, inexorablemente reincidirá en los mismos errores. Por eso es muy válida la frase de Napoleón Bonaparte: “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

En Colombia, un buen número de personas celebra la detención de Uribe y la libertad de la que disfrutan Santrich, Timochenko e Iván Márquez. En definitiva, este es un país de doble moral y algunos de los mal juzgados hablan de que nadie está por encima de la ley pero al mismo tiempo recuerdan la famosa frase del Chapulín Colorado, quien dice: “no contaban con mi astucia”. Yo, en mi análisis diría: “lo sospeché desde un principio”, sabiendo que algo extraño sucede a la hora de impartir justicia.

Pareciera que la justicia apoyara los sentimientos de venganza de la clase política y las derrotas militares a las guerrillas, porque lo que no han podido realizar políticamente lo pretenden hacer judicialmente. Pero ahora me pregunto: ¿por qué sí se afianza la institucionalidad de la justicia, por medio de la Sala de Instrucción de la Corte, con el caso de Álvaro Uribe? ¿Será que las marcadas diferencias que ha tenido Uribe Vélez con las altas cortes le están pasando factura?

En este estado de cosas, traigo a la memoria unas palabras célebres del ilustre ex triple candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, quien sostenía, antes de ser vilmente asesinado en 1995: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica, en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”, tal como lo citó su sobrino Miguel Gómez Martínez.

Para tener un mejor país, se necesita atacar la corrupción y la impunidad. Es imprescindible que las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, estén compuestas por personas idóneas; por intelectuales con formación profesional, dotados de ética, de moral justa e imparcial, que sean intachables para gobernar, legislar y aplicar las leyes de manera ecuánime. Solamente así, los ciudadanos se sentirán representados y protegidos.

Los alcances y las decisiones de la justicia deberían llegar por igual a todos los ciudadanos, con las mismas garantías y muestras de equilibrio, “cáigale el guante a quien le caiga”, haciéndole mención al canta-autor vallenato Alfredo Gutiérrez, en la letra de su canción Dos Mujeres. Y en procura de rendirle honor a la probidad, sin dejar de pensar en lo que anotó siglos atrás el escritor, abogado y filósofo francés Voltaire: “La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”.

Colombianos, despertemos de esta lucha ideológica que lleva décadas dejando únicamente odio, resentimiento, muerte, desigualdad y miseria. Solo si actuamos unidos, podremos exigir nuestros derechos para derrotar los grandes males, generar prosperidad y alcanzar la paz. Debemos acabar con la corrupción, la falta de justicia y encaminarnos hacia un accionar político que no nos dividida con sus oscuros intereses particulares que no dejan avanzar a nuestra patria.