Comienza el proceso formal de incorporación de Colombia a la Ocde. Curiosamente, la que se podría pensar como una alianza que, al promover la noción de desarrollo más clásica resultaría en un incremento de los impactos ambientales del aparato productivo, probablemente logre lo que otras iniciativas no han podido, y es rescatar la gestión ambiental de la retórica y la pobreza.
El primer aspecto a considerar es la relación general que reconocen los países de este club exclusivo entre economía y ecología: no es casualidad que ambas contengan el mismo prefijo. Para la Ocde, el crecimiento debe garantizar ante todo que los costos ambientales, es decir, la degradación asociada con el uso de recursos, no superen los beneficios financieros. No se puede destruir el bosque para fabricar muebles y luego tratar de reponer la madera si el precio de venta no da. Sembrar y cuidar bosques cuesta, si no paga el negocio, pagan los pobladores locales saqueados, pagan las generaciones futuras sin agua. Una noción cruda de sostenibilidad, pero sencilla y suficiente al menos para garantizar una mejora sensible en los niveles de inversión pública y privada en biodiversidad, agua, suelo y servicios ecosistémicos en su conjunto.
Preguntas tan simples como cuánto costaría alimentar a los miles de pescadores artesanales que sobreviven (apenas) gracias a su esfuerzo cotidiano en caso de que la pesca desapareciera, hacen que la planeación de las finanzas públicas levante la mirada. Ya pasó con el pueblo Embera en el Sinú: en su momento, el Estado prefirió vender energía cara (sacrificó una selva, una cuenca, una cultura) proveniente de la represa de Urrá y lanzó a la calle a las comunidades tradicionales sin nadita que comer. Años después un fallo legal obligaría a indemnizarles, pero eso llegó tarde y se hizo con dinero, algo con lo que difícilmente se podía aspirar a pagar una mala decisión sectorial. Claro, así como hay malos negocios financieros y ambientales, existen las cuatro combinaciones posibles, incluso lo que hoy día se llama “situaciones gana-gana” donde invertir en buena gestión del territorio, por ejemplo, produce dinero y muchas otras cosas que no siempre se pueden cotizar en el mercado: ganas de salir a pasear, tranquilidad mental, menos delincuencia o enfermedades mentales.
Pensemos de manera paralela cuánto costó el impacto de la pasada Niña, cuánto la pérdida de fertilidad de la región andina, cuánto la pérdida de polinización natural de las frutas de exportación. Se dice incluso que el PIB, si estuviera ajustado ambientalmente, sería negativo…
En un documento de 30 páginas, del año 2008, la Ocde presentó los indicadores de desempeño ambiental con los que juzgan la calidad del crecimiento de una nación, y juzgarán a Colombia: emisiones de CO2, de sustancias destructoras de la capa de ozono, de sulfuros y nitratos, de basuras sólidas y líquidas, de costos de tratamiento de agua, de uso de bosques, de pesca, de fuentes de energía y de niveles de extinción de especies. (No cuentan a secas las hectáreas de áreas protegidas, porque saben que esconden muchas falacias… ). Esos indicadores son utilizados para ajustar las cuentas ambientales de cada país, y deben trabajarse con seriedad, medirse, reportarse y ser explícitamente utilizados en la planificación sectorial del desarrollo, además de hacerse transparentes a la sociedad civil.
Como mínimo, la Ocde exigirá a Colombia un excelente sistema de información ambiental público y oficial, algo en lo cual se han hecho esfuerzos importantes, pero que carece del respaldo sólido de Hacienda y debe sobrevivir con mingas institucionales donde a veces los aportes no son tan desinteresados… Pero más allá de la información, la Ocde exigirá una política ambiental con metas concretas, planes de inversión, sistemas de monitoreo y resultados reales, cosa que debería ser desde ya, una prioridad nacional. Al menos mientras la economía quiera y pueda ser “verde”.
