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Analistas 15/02/2017

Modulación normativa

Brigitte Baptiste
Rectora de la Universidad Ean
La República Más
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“Modular: Pasar armoniosamente de un tono a otro en la música o en el lenguaje” (RAE).

Así como los avances en sostenibilidad no se hacen fácilmente visibles, puesto que se trata de etapas dentro de procesos técnicos e institucionales que conllevan a mejoramientos paulatinos del desempeño ambiental, tampoco existe un marco normativo que promueva la gradualidad en la adopción de las medidas que la producen, salvo excepciones. Para muchas normas, las cosas son blanco o negro, cumple o no cumple. Y para muchos fanáticos, igual.

La perspectiva draconiana puede resultar un incentivo para transformaciones urgentes del comportamiento (si hay medidas para hacerla cumplir), pero en el caso de procesos ecosistémicos y sociales que requieren tiempo de maduración, ejercen el efecto contrario y contribuyen a la pérdida de confianza en el instrumento. Las leyes colombianas están llenas de “debería” inviables, en su gran mayoría porque son insensibles a la variabilidad natural de los fenómenos o a condiciones empíricas, que a menudo se suponen o infieren.

El ejemplo más crítico es la división tajante entre actividades de conservación en el ámbito rural, en contraposición a las de producción agropecuaria, dos conceptos aparentemente sencillos de la gestión del territorio, pero que acaban enfrentados en el ordenamiento y la planificación del desarrollo. En Colombia no existe aún un mecanismo que permita diferenciar entre niveles o formas de agricultura o ganadería sostenible, con lo cual las únicas opciones de gestión ambiental se reducen al cumplimiento de estándares en el uso de aguas o disposición de residuos, como si el universo de la sostenibilidad no brindara más oportunidades. Al mismo tiempo, esta contradicción favorece la idea de que solo se conserva la biodiversidad en áreas protegidas, cuyas limitaciones son de sobra conocidas. No se manejan bosques con la única perspectiva de producción de madera.

En la construcción de un modelo transicional de economías clásicas y extractivismo a uno de crecimiento verde es indispensable trazar las rutas del cambio, construir indicadores del mismo basados en su monitoreo y promover activamente la transformación de todos los modos insostenibles de producción. Pero mientras la normatividad ambiental no lo asuma, el papel de instituciones como el mismo Ministerio de Ambiente o las CAR se asimilará más al de una superintendencia que al de un promotor de la sostenibilidad intersectorial y la sociedad no tendrá más remedio que seguir comportándose como venía haciéndolo: violando la ley.

Por otra parte, existen muchos avances en la construcción de modos de vida sostenibles en todos los sectores y en todas las actividades sociales, desde los sistemas campesinos terrestres o anfibios de Colombia (aún en contra de la corriente) hasta algunas empresas que como las afiliadas a Cecodes han avanzado en ello en interés propio. Desde estos sectores también se hace indispensable generar una normatividad que incorpore las nociones de conservación como parte de las actividades productivas y no como costos a pérdida o de cumplimiento, la esencia de las perspectivas para su permanencia. El ecoturismo es el ejemplo paradigmático: contaminar Caño Cristales o talar las palmas de cera es un contrasentido. 

Necesitamos ahora un Estado y una sociedad que entiendan que transitar a la sostenibilidad no es simplemente un cambio cosmético o un decreto reglamentario: es una política de largo aliento que compromete a toda la Nación.

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