Fondos parafiscales, ambientales

En medio de la reciente discusión por la administración del Fondo Ganadero se plantea cómo el objetivo de innovación que se persigue con los situados parafiscales, que según la Contraloría General alcanzaron $2,04 billones anuales en 2012 (91% café), podría ser una fuente maravillosa para construir sostenibilidad, ya que la gestión agroambiental ha demostrado ser una fuente de ahorro o ganancia adicional en la producción si se maneja con criterio ecosistémico.

La Unión Europea, por ejemplo, invierte más de €60.000 millones de su presupuesto en medidas ecológicas que compensan a los productores por las modificaciones que se requieren para lograr cierto objetivo de conservación. En esa línea, ha decidido pagar hasta 260 euros ha/año a quienes garanticen la presencia permanente y verificable de 6 especies de plantas florales amenazadas en praderas alemanas, lo que implica modificar el ciclo de pastoreo o cultivo al punto de reducir los ingresos del productor. Esta cifra baja a 230 euros si solamente se implementan ciertas prácticas de ganadería ecológica y a 150 para prácticas de baja densidad (0,8 a 1,4 cabezas/ha), como en la Orinoquia colombiana.  En estos casos, sin embargo, la contabilidad está sesgada por el hecho de que no existe ya una oferta alternativa, por lo que la totalidad de los costos es asumida con recursos públicos y contratos directos con los productores, en un ambiente regulado fuertemente por mercados, ciegos a las flores.

Cuando el desarrollo rural no es solo un negocio sino un modo de vida, no es necesario acudir a medidas tan costosas para lograr una actividad productiva en la que se combine la biodiversidad con las prácticas agropecuarias: de hecho, la vida silvestre aporta felicidad y competitividad al campo, pues los insectos polinizadores o las bacterias del suelo no requieren POS, solo un manejo sensible dentro del manejo ecosistémico de cada región.

En el reciente seminario de “Mecanismos financieros para la protección de la biodiversidad”, en la U Iberoamericana de México, se mostró cómo la conservación es una actividad central para la competitividad agropecuaria que aún no está recibiendo un manejo adecuado. Se recomendó  poner en práctica y de manera urgente, sistemas de pago por servicios ambientales, que no son instrumentos para mercadear la biodiversidad, sino mecanismos de compensación por el trabajo de proteger, monitorear y limitar las transformaciones de los ecosistemas silvestres, en nombre de toda la sociedad. Es decir, responden a una política de empleo rural, fácil de implementar si se revisa el éxito creciente de la iniciativa colombiana BanCO2 (“Servicios comunitarios de la biodiversidad”).

El reto, para países como Colombia, está en construir una producción agropecuaria que incluya y se beneficie de la gestión de la biodiversidad, no como un componente aislado que administra una agencia ambiental, sino como un elemento central de la economía y del bienestar rural. Tanto los empresarios como las comunidades campesinas están en la mejor capacidad de generar beneficios comunes si somos capaces de visibilizar los servicios derivados de la conservación, y diseñar instrumentos financieros y culturales para construir o mantener la funcionalidad económica/lógica.

La producción agropecuaria es la actividad humana que mayor impacto trae a los ecosistemas por su capacidad de transformar grandes porciones del territorio. Una buena agricultura es la mejor política ambiental.