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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liberó en días pasados la nueva versión del Manual de compensaciones para ecosistemas terrestres en un corto evento en el cual participamos varios representantes de entidades públicas y privadas, incluida la Andi.

La organización TNC en Colombia fue la encargada de coordinar la revisión de un instrumento fundamental para la gestión del territorio y una de las posibilidades más importantes para invertir recursos financieros en restauración ecológica cuando se han agotado todas las posibilidades previas de prevención y mitigación de los efectos de las transformaciones ambientales.

Y enfatizo la palabra transformación por encima del criterio de “daño ambiental”, pues se trata de evaluar con criterio técnico la incidencia de los proyectos licenciados en el funcionamiento de los ecosistemas con una fuerte base ética que define unos umbrales aceptables de cambio y, por tanto, considera la compensación como un proceso de gestión del riesgo, no como un mecanismo de mercantilización de una licencia de destrucción.

En el pasado, la compensación era un mecanismo inefectivo y clientelista que los mismos empresarios denunciaron por su ineficacia, dado que solo reconocía la siembra de árboles como mecanismo de aplicación, generando dispersión de recursos, conflictos prediales y corrupción, toda vez que administrar y monitorear el buen desarrollo de lo plantado no estaba considerado en los deberes del responsable y las autoridades ambientales tenían limitaciones en su capacidad para acompañar el proceso.

Se tiraron a la caneca millones de pesos que siempre acabamos pagando los ciudadanos en el precio de los productos o servicios derivados de la actividad económica responsable de la compensación. Hoy en día, bajo la nueva perspectiva de este manual ajustado, se flexibilizan las oportunidades y mecanismos para ello, de manera que se habiliten nuevas instituciones o emprendimientos facilitadores, comunidades organizadas prestadoras de servicios ambientales e instancias especializadas dentro de las entidades territoriales para utilizar los recursos derivados de esta normatividad en la construcción de sostenibilidad. Un mecanismo robusto de la economía verde.

Mediante una combinación de las fuerzas del Estado, las capacidades del mercado y la participación de la sociedad civil organizada es más factible construir territorios sostenibles en los que se aprovechen las capacidades de los diferentes actores y las propuestas innovadoras que estos aporten para prevenir la pérdida de biodiversidad, y hacer seguimiento al funcionamiento social y ecológico mediado por el flujo de contribuciones de la naturaleza al bienestar, una perspectiva propuesta recientemente por la Ipbes para reconsiderar la gestión de los servicios ecosistémicos dentro de los esquemas de planificación.

En los próximos días el mismo Ministerio se prepara para aprobar un mecanismo extremadamente promisorio para flexibilizar también las opciones de conservación en Colombia, donde nos hemos quedado anclados en la noción de área protegida como única alternativa, siendo que toda la sociedad tiene la voluntad y las posibilidades de contribuir con la protección de la biodiversidad desde cualquier vertiente: gestión adaptativa basada en una reinterpretación constante de la dinámica social y ecológica de los territorios, la clave para un país sostenible.

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