Verdades completas, no a medias

En estos tiempos de balances reflexivos y de desinformación, es importante hacer varias precisiones sobre lo que hemos hecho en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, a través de la política pública integral, Nuestro Hábitat Biodiverso, que está enfocada en reconocer el hábitat construido por el pueblo trabajador, campesino y étnico, como parte de las soluciones habitacionales.

A la fecha, se han implementado 691.357 soluciones habitacionales, que no se restringen a viviendas nuevas urbanas, énfasis casi exclusivo en los gobiernos anteriores, sino que incluyen mejoramientos urbanos y rurales, viviendas rurales, titulaciones y, por supuesto, subsidios para adquisición de vivienda nueva urbana.

Sobre esta transformación el presidente Gustavo Petro ha dicho “si los constructores no saben hacer mejoramiento pues que aprendan, que aprendan de los albañiles, de las sociedades de campesinos que se juntan para construir sus casas, con su estilo cultural: ustedes tienen que pegarse al pueblo”. Ese cambio de perspectiva hoy da cuenta de la reducción del déficit cualitativo de vivienda que para 2021 registraba un 23.5% y hoy se encuentra en el 20%, evidenciando que estas medidas han sido efectivas.

Hoy hablamos de asociaciones público populares entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y organizaciones comunitarias de mujeres, de recicladores de oficio, de campesinos. Un país acostumbrado a reconocer los avances en vivienda, en términos de vivienda nueva urbana le cuesta entender esta mirada hacia la hacia lo popular y a la ruralidad.

La implementación de la política pública ha requerido un marco normativo nuevo, por eso el Ministerio de Vivivenda, Ciudad y Territorio ha expedido 18 decretos, uno de ellos es el decreto 1166, una norma que ha sido calificada como regresiva, peligrosa y proselitista por los sectores tradicionales que privilegian al sector constructor tradicional y su mirada mercantil.

Quiero ser categórica y precisa: el decreto 1166 no elimina la exigencia de licencias de construcción en el país. El régimen del licenciamiento urbanístico se mantiene vigente; al igual que la función pública de las oficinas de planeación y de los curadores urbanos.

El decreto, reglamenta un procedimiento especial a través de la “carta de responsabilidad” como documento que hace las veces de licencia o reconocimiento para mejoramiento si se requiere mejorar su desempeño estructural, exclusivamente en los casos que el Gobierno Nacional sea otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda en las modalidades de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en sitio propio, y para la construcción de vivienda de interés social y prioritario a través de la modalidad de autoconstrucción del programa de autogestión.

Entidades territoriales y Cajas de Compensación Familiar, estarán facultados para certificar el cumplimiento de las normas de sismo-resistencia, técnicas y urbanísticas aplicables a las intervenciones y es optativo según lo define el decreto.

Así que el decreto 1166 no es ni regresivo ni peligroso, ni es el dueño del predio quien realiza la carta de responsabilidad, todo lo contrario, se enfoca en territorios donde la política tradicional de vivienda, a través de subsidios de vivienda, no ha podido llegar. Es por eso que es inminente desarrollar estrategias que faciliten la implementación de una política habitacional integral y que además asegure la vida de sus habitantes.