Al editor,

La destrucción sincronizada de 95 instalaciones policiales, y el vandalismo, el saqueo y el incendio simultáneos ocurridos después de la muerte de Javier Ordóñez (“Lucha contra el crimen, no la guerra”, 19-25 de septiembre de 2020), difícilmente puede ser catalogado como una expresión natural de la ira de los ciudadanos corrientes. Las legítimas protestas que estallaron tras la clara violación y el uso excesivo de la fuerza por parte de varios miembros de la Policía (siete, que fueron inmediatamente suspendidos), pronto se tornaron en un caos. La exhibición orquestada de violencia y destrucción fue introducida por turbas organizadas, algunas de ellas integrantes de la guerrilla disidente de las Farc capturadas ayer, quienes fueron confrontadas no solo por la Policía, sino también por comunidades que se oponen a esos hechos delictivos.

La Policía Nacional de Colombia es una institución de probada dedicación al orden público, que se forjó en la lucha de décadas contra los cárteles de la droga y las actividades criminales de los insurgentes. La policía colombiana es reconocida en la región y más allá por su profesionalismo. La Policía Nacional está integrada por 167.000 hombres y mujeres, y las acciones reprobables de unos pocos no la definen.

Dicho esto, siempre hay margen de mejora. En diciembre de 2019, el presidente Iván Duque lanzó la Política Marco de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de mejorar el desempeño de la Policía en áreas como educación y capacitación; reclutamiento; y transparencia e integridad, solo por mencionar algunos. Esta reforma trabaja codo con codo con la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas. El objetivo principal de la política es continuar la transformación de la Policía Nacional en una institución más moderna, profesional y orientada al servicio, entendiendo que para mejorar la seguridad siempre se requiere la colaboración de las autoridades locales y regionales, la ciudadanía y el sector privado.

El respeto de la ley, así como la protección y salvaguardia de todos nuestros ciudadanos, es la esencia de la lealtad de los agentes de Policía de todo el país. En 2019, Colombia tuvo su tasa de homicidios más baja desde 1976, la tasa de secuestro más baja desde 1984 y una fuerte disminución en delitos como extorsión (-30%) y robo (-34%). Aunque son logros importantes, aún quedan desafíos. Pero las responsabilidades individuales no deben acabar con el arduo trabajo de la mayoría de una fuerza policial comprometida.

Atentamente,

Antonio J Ardila G
Embajador de Colombia en Reino Unido

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To the Editor,

The synchronized destruction of 95 Police facilities, and simultaneous vandalism, looting and arson that took place after the death of Javier Ordoñez (“Fight crime, not war”, September 19-25, 2020), can hardly be categorized as a natural expression of ordinary citizens' rage. Legitimate protests which broke out after the clear violation and excessive use of force by various members of the Police (seven, who were immediately suspended), soon turned to chaos. The orchestrated display of violence and destruction was introduced by organized mobs, some of them members of the FARC dissident guerrilla group captured yesterday, who were confronted not only by the Police, but also by communities who oppose those criminal acts.

The National Police of Colombia is an institution of proven dedication to law and order, which was forged in the decades-long fight against the drug cartels and the criminal activities of the insurgents. The Colombian police force is recognized in the region, and beyond, for its professionalism. The National Police is made up of 167,000 men and women in uniform, and the reprehensible actions of a few do not define it.

That said, there is always room for improvement. In December of 2019, President Ivan Duque launched the Citizen Security Framework Policy, with an aim to improving police performance in areas such as education and training; recruitment; and transparency and integrity just to mention a few. This reform works side by side with the National Ombudsman's office and the United Nations. The policy´s main goal is to continue the transformation of the National Police into a more modern, professional and service oriented institution, understanding that to improve security, the collaboration of local and regional authorities, the citizenry and the private sector is always required.

Upholding of the law, as well as the protection and safeguard of all our citizens, is at the heart of the allegiance of police officers across the country. In 2019, Colombia had its lowest homicide rate since 1976, the lowest kidnap rate since 1984, and a steep decrease in crimes like extortion (-30%) and burglary (-34%). Although important achievements, challenges still remain. But individual responsibilities should not do away with the hard work of the majority of a committed police force.

Best regards,

Antonio J Ardila G