Reforma agraria anticipada

Las últimas semanas han estado muy movidas en materia de reforma agraria, no propiamente por medidas de política pública enfocadas hacia una redistribución de la tierra, sino por la invasión de tierras que se viene dando en el norte del departamento del Cauca, en el Huila y en el Magdalena.

Lo del norte del Cauca es una historia de vieja data y que tiene que ver con lo que han llamado los indígenas del Cric la liberación de la madre tierra, que no es otra cosa que la búsqueda de la “descontaminación” de su tierra ancestral del cultivo de caña de azúcar.

Y es que desde que asumió este Gobierno la situación ha empeorado, pues en las últimas semanas en el norte del Cauca se han invadido cerca de 5.000 hectáreas de cultivos de caña, lo que según Asocaña, ha generado la pérdida de 3.500 empleos y de más de 75.000 toneladas de azúcar. Las acciones ilegales de los indígenas están poniendo en jaque al sector agroindustrial de la caña, un sector que históricamente ha buscado vías de acercamiento con las comunidades para evitar que el problema pase a mayores.

No cabe la menor duda que los indígenas se sienten empoderados por las señales que les ha venido dando el gobierno, incluso antes de posesionarse. Pero quizás la señal más concreta se dio con el nombramiento, ignorando todos sus conflictos de interés, de Giovanni Yule en la Unidad de Restitución de Tierras, quien fuera miembro del Cric en la minga indígena de 2019 y promotor de las invasiones de tierras.

Y ni hablar de las declaraciones del recién nombrado Director de la Agencia Nacional de Tierras, que en entrevista a La FM intentó justificar las invasiones de predios por cuenta de la ausencia histórica de una reforma agraria. El Director agregó que se están invadiendo las tierras por esa “expectativa” de reforma que se va a dar en este gobierno y que la mejor solución es el diálogo. Impresentable.

Ante el llamado del Gobierno para que se detuvieran las invasiones, los indígenas en tono desafiante contestaron que estas no se detendrán: “le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar […] Al gran jefe también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”.

Este desafío a la autoridad ha venido acompañado de la inacción por parte de la Policía Nacional para la recuperación de las tierras invadidas. No se sabe si ello es por una orden de “arriba”, pero lo que es claro es que la ausencia de autoridad para resolver la problemática se ha vuelto caldo de cultivo para que grupos al margen de la ley y algunos funcionarios públicos corruptos, también se involucren en las invasiones de tierras, como recientemente lo denunció la Procuraduría.

Ello también ha generado la reacción del gremio ganadero, que ha manifestado su preocupación por las violaciones a la propiedad privada, particularmente en los departamentos de Magdalena y Cesar, donde algunos propietarios de las fincas decidieron hacer una movilización para proteger sus derechos, es decir, la propiedad de su predios.

Hoy las comunidades étnicas tienen cerca de 39,9 millones de hectáreas, de esas, 33,6 millones están en manos de las comunidades indígenas. Es cierto que de esas 33,6 millones, únicamente 1,8 millones pueden ser explotadas para uso agropecuario, pues el resto son bosques naturales. Pero también es cierto que de acuerdo al censo agropecuario de 2014, de esas 1.8 millones, 786.000 hectáreas, se encontraban en rastrojo, es decir, tierra apta para uso agropecuario que no fue explotada en los tres años anteriores al censo.

En el caso del Cauca, las tierras de uso agropecuario en manos de los indígenas (según el Dane) ascienden a 129.000 hectáreas, de las cuales 30% se encontraba en rastrojo, es decir, abandonadas, sin producción. Otras informaciones hablan que apenas 10% de las tierras que tienen los indígenas tiene algún tipo de cultivo. Además de respetar la propiedad privada, los indígenas deberían poner a producir la tierra que ya tienen.

Es innegable que el país necesita resolver los conflictos asociados a la tenencia de tierras. También lo es que se han venido dando pasos en esa dirección. La aprobación de tres documentos Conpes (3859 de 2016, 3951 de 2018 y 3958 de 2019) han permitido que Colombia avance en la construcción del Catastro Multipropósito como una herramienta necesaria para la formalización de la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica, la creación de un mercado de tierras y para la identificación de las tierras baldías de la Nación.

Aquí es bueno recordar que a julio de 2022 40% del territorio nacional ya contaba con la actualización catastral multipropósito, esto es 45,9 millones de hectáreas. La cifra es bien importante, pues en 2019 solamente se tenían poco mas de 2,5 millones de hectáreas actualizadas.

Hoy cerca de 102 millones de hectáreas cuentan con una caracterización territorial que permitirá aumentar dicha actualización catastral. Y por supuesto, tal vez lo mas fundamental, para que el gobierno tenga la información necesaria, en materia de baldíos, que permita la adjudicación a los campesinos que hoy no tienen tierra o la tienen pero en una cantidad insuficiente.

Bien importante será ese gran presupuesto que tendrá el Ministerio de Agricultura para 2023 de más de $4 billones. Ojalá se destine a la inversión, y a financiar los procesos de formalización de tierras, incluidos los baldíos, para que posteriormente se puedan adjudicar, y no a la compra de fincas, pues eso sería tener un presupuesto para la expropiación.

Lo que sigue son señales más contundentes del Gobierno para que los invasores devuelvan las tierras y si hay que negociar, que se negocie, pero no a costa de la propiedad privada de quienes han adquirido sus tierras legalmente. Que no busquen anticipar la reforma agraria por las vías de hecho.