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En 2022 Colombia importó alrededor de 15 millones de toneladas en productos agropecuarios, de los cuales 88,6% fueron cereales, es decir un poco más de 9 millones de toneladas. En esas compras, el país se gastó más de US$11.300 millones. Sin duda las cifras son impresionantes y si bien Colombia históricamente ha tenido una balanza agropecuaria positiva en dólares, desde el punto de vista de las cantidades el desbalance es extraordinario.
Es por ello que este y muchos gobiernos han intentado cerrar esa brecha buscando ser autosuficientes en productos como el maíz amarillo y la soya, los cuales son esenciales para fabricación de alimentos balanceados con destino a la producción de proteína animal.
Pero quizás lo que merece en esta oportunidad un análisis, es que más allá de un discurso, quizás populista, sobre la autosuficiencia alimentaria, o peor, sobre la soberanía alimentaria lo que tenemos que mirar es si Colombia está generando las condiciones habilitantes para que esa autosuficiencia llegue a feliz término.
Y no me estoy refiriendo a la seguridad jurídica en materia de propiedad de la tierra, o al mejoramiento de la infraestructura en los centros de producción, o de una política de seguridad en las zonas rurales que permita producir alimentos con tranquilidad.
No. En esta oportunidad me quiero referir a que Colombia necesita generar las condiciones para que la importación de semillas no sea un calvario para quienes quieren desarrollar una agricultura competitiva.
Y es que precisamente uno de los cuellos de botella que hoy en día existe para que Colombia pueda ser más productiva se presenta en trámites, como la evaluación de riesgo, cada vez que se quiera traer un nuevo material vegetal al país. Este es un proceso que puede tardar meses o años dependiendo de las complejidades y que no siempre cuenta con suficiente base científica para aprobar o improbar la importación de semillas al país.
El mercado mundial de semillas ronda los US$28.100 millones con un intercambio de cerca de 14 millones de toneladas. En contraste, Colombia entre exportaciones e importaciones de semillas mueve unas 20.000 toneladas por cerca de US$80 millones y en el mercado interno se transan unas 45.000 toneladas en un mercado de US$70 millones.
Estas cifras muestran que el mercado colombiano de semillas es poco profundo y se confirma con el nivel de informalidad pues las tasas de uso de semilla certificada, según Acosemillas, es de 24% en arroz, 46% en soya, 9% en papa. Maíz tiene la tasa más alta con 93%. No me imagino como serán esas tasas en verduras u hortalizas. En la medida en que no se masifique el uso de semilla certificada y de buena calidad, la productividad agrícola en Colombia no podrá avanzar.
En la actualidad organismos como la FAO, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la Federación Internacional de Semillas están promoviendo un esquema que facilite el movimiento internacional de semillas a través de lo que se conoce como una aproximación con enfoque sistémico.
El enfoque sistémico
Lo que se ha venido promoviendo es que las semillas que tengan aprobación de un organismo nacional de protección vegetal puedan ser importadas y reexportadas con un certificado fitosanitario en el que no se especifiquen medias particulares para plagas individuales. Aquí el concepto de cadena de suministro es clave, pues esta se define desde la siembra de la semilla en el país de origen pasando por todos los subsiguientes procesos y procedimientos hasta que es importada por el país de destino final.
Bajo el enfoque sistémico se incluyen elementos como la evaluación de riesgos, el monitoreo de plagas y el intercambio de información, la gestión del riesgo de plagas y gestión de calidad con chequeos e inspecciones en etapas apropiadas del proceso de producción.
En la actualidad los enfoques sistémicos funcionan entre países mediante acuerdos bilaterales, pero es mucho más adecuado y lógico que exista un sistema multilateral de reconocimiento. Con ello, las distintas opciones de gestión de riesgo de plagas aplicadas en el país de origen o de re-exportación de la semilla y aprobadas por su autoridad fitosanitaria podrán ser reconocidas por las respectivas autoridades de los múltiples países importadores.
Y si bien este es un proceso que será largo en el tiempo, pues se requiere de un marco de trabajo armonizado globalmente, lo primordial será la construcción de una confianza multilateral entre las autoridades fitosanitarias. Por supuesto, éstas también tendrán que cambiar sus paradigmas.
Creo que el ICA lo ha hecho con la expedición de un reciente borrador de resolución que introduce de alguna manera este enfoque sistémico. En ese documento, se ha creado la figura del Concepto Técnico- CT como una vía expedita y alternativa a la evaluación de riesgos antes referida.
La resolución del ICA establece que la entidad “podrá revisar y convalidar la información existente en bases de datos especializadas, tablas maestras u otras fuentes de información. Para el caso de las semillas como vías [de transmisión] de plagas, las tablas maestras o listas aceptadas de plagas transmitidas por semillas, publicadas por la Federación Internacional de Semillas servirán como base para adelantar la evaluación de riesgos de plagas o el CT según proceda, por especie”.
Ello permitirá que diferentes personas podrán aportar información que le permita al ICA contar con los elementos suficientes, técnicos y científicos que permitan la habilitación y posterior liberación de materiales de propagación a Colombia.
A la fecha de escribir esta columna y ya surtida la fase de comentarios, el ICA aún no expide la resolución definitiva. Sería importante que lo hiciera pues sería una bandera para la innovación, la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones y la sostenibilidad de nuestro sector agropecuario.
Ojalá no la engaveten.
