La campaña presidencial de los Estados Unidos está marcada por una fuerte división en torno a las protestas y hechos de violencia como consecuencia de la muerte de personas de raza negra a manos de policías en diferentes ciudades del país. Una de las voces más fuertes es la del movimiento ‘Black Lives Matter - BLM’ -que no solo ha logrado el apoyo del Partido Demócrata- sino el respaldo de empresas y organizaciones deportivas como la Fórmula 1 y la NBA. Al igual que Antifa, se camuflan como organizaciones sociales y aprovechan su poder de convocatoria para generar violencia y crear el caos. Culpan a Trump y su retórica anti-inmigración como la causal de la división en el país. Hábilmente aprovechan la temporada electoral para revolver el avispero y generar una campaña de desprestigio en contra de la policía y las instituciones.

El presidente Trump, por su parte, argumenta que ‘toda vida importa’, incluyendo la de policías asesinados por los marchantes, la de jóvenes asesinados por pandillas, y la de mujeres y niños asesinada por balas perdidas, entre otras. Mientras un sector de la opinión pide desfinanciar la policía y crear esquemas de vigilancia comunitaria, los otros abogan por la ley y el orden y por un apoyo incondicional a las fuerzas policiales, a pesar de los abusos registrados.

En Colombia existe un debate similar, pero su componente principal no es racial. En las últimas semanas se ha presentado un resurgimiento de asesinatos de jóvenes en diferentes zonas del país. La izquierda, las ONG y los defensores de derechos humanos -como siempre- culpan al presidente Duque de no proteger a los líderes sociales y de su falta de compromiso con el proceso de paz. Para ellos, la falta de políticas sociales y de nuevas oportunidades de trabajo es lo que está matando a nuestros jóvenes en las regiones. Lo que no entienden, es que nadie va a invertir un solo peso en las antiguas zonas de conflicto si el Estado no logra garantizar la seguridad jurídica y física para volver a construir confianza inversionista.

Por su parte, las disidencias de las Farc, el ELN y los carteles mexicanos, están aprovechando el regalito del ‘narcotráfico como delito conexo’ y la falta de una estrategia de seguridad nacional para el posconflicto para retomar el control del territorio. Haber acabado con el programa de interdicción aérea, equiparar a las Fuerzas Armadas con las criminales para someterlos a la JEP y dictarle medida de aseguramiento al personaje que más los combatió, no solo legitima a los delincuentes sino les permite un crecimiento desmedido a lo largo y ancho del país.

El asesinato de jóvenes no es más que la consecuencia de la errática política de paz del gobierno anterior, de una guerra sin cuartel por el control de la droga y de una delincuencia organizada que seguirá creciendo hasta que no entendamos que el problema es -y siempre ha sido- el narcotráfico.

La realidad es que tanto en Estados Unidos como en Colombia el problema no es racial, ni social, como no lo quieren hacer ver algunos. Es la consecuencia de políticas pacifistas mal orientadas, la falta de confianza en nuestras instituciones y el narcotráfico y la droga, que matan gente sin importar su raza, credo, condición económica o color político.