Toda la vida

La reciente condena en Estados Unidos al Chapo Guzmán -cadena perpetua + 30 años- nos deja como lección: que la extradición sí funciona y que el crimen no paga. Tristemente, va en contravía de lo que nuestros expertos en política criminal en Colombia opinan: que la pena debe ser resocializadora. Que todo criminal, sin importar el delito, tiene derecho a una segunda oportunidad.

Se equivocan.

En Colombia, le habrían dado la casa por cárcel -ante su queja de que las condiciones en la prisión son muy duras- y estarían peleando para evitar su extradición, argumentando que el narcotráfico es un delito conexo y que es mejor que responda por sus crímenes en su país. Dejemos de ser ingenuos.

Una pena severa no es vengativa. Es preventiva y reparativa. Es la mejor manera de impartir justicia y enviar un mensaje disuasivo a los criminales. Los críticos de la extradición y la guerra contra las drogas, utilizan el argumento que van a seguir existiendo muchos ‘Pablos’ o muchos ‘Chapos’.

… pero muriendo en su ley.

La cadena perpetua para un líder de una organización criminal que ordenó múltiples masacres y asesinatos; o un violador de niñas y niños que no le importó causar un daño irreparable; o un secuestrador que mantuvo a sus víctimas como perros encadenados en campos de concentración; o un terrorista que ordenó activar un carro-bomba asesinando a todo tipo de personas sin discriminación alguna; o un corrupto que deja a familias enteras sin salud, sin comida, sin pensión; o para cualquier otro tipo de asesino o autor de delitos de lesa humanidad -que dejó solo daño y dolor a su paso- es la mejor manera de lograr justicia.

No veo propósito en tratar de reincorporar a este tipo de personajes a nuestra sociedad. Yo los prefiero en una cárcel de por vida, que legislando u opinando en redes sociales.

Desafortunadamente, las ineficiencias históricas de nuestro aparato judicial y los altos índices de impunidad vienen generando -en materia de política criminal- la respuesta contraria. Los expertos abogan por despenalizar o legalizar ciertas conductas, incorporar penas alternativas con el propósito de resocializar a los delincuentes (como lo vimos en los acuerdos de La Habana) y otorgar beneficios legales. Lo que están logrando es mayor impunidad, menos verdad y menos reparación.

Entiendo que para que la Fiscalía y la Policía Judicial puedan hacer bien su labor y reducir los índices de impunidad, es necesario utilizar herramientas como la delación, la colaboración efectiva, los preacuerdos y el principio de oportunidad, con el fin de avanzar en investigaciones que de otra manera quedarían en el olvido. Pero estos mecanismos no se pueden convertir en salvavidas para que guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y corruptos, no paguen por sus delitos.

Recientemente leí un artículo que relataba cómo Singapur había logrado acabar con la corrupción y convertirse en un país desarrollado. Utilizaron penas severas y lograron que toda persona -sin importar su estatus o posición social o política- respondiera por sus crímenes sin ningún tipo de gabela o beneficio.

Si queremos un país más justo y equitativo, la justicia debe ser ejemplarizante e igual para todos. En especial para los autores de delitos atroces.