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Uno de los grandes logros del gobierno Pastrana fue el Plan Colombia. Bajo esta política pública, Estados Unidos aceptó su corresponsabilidad en materia de narcotráfico y destinó recursos importantes a nuestro país para fortalecer y profesionalizar las Fuerzas Militares y de Policía. El éxito de este esfuerzo bilateral dio sus frutos una década después, durante la Seguridad Democrática del gobierno Uribe. Sin el apoyo de Estados Unidos nunca hubiéramos logrado doblegar a los grupos narcoterroristas de la época, someter a la justicia a los paramilitares y forzar una negociación con las Farc. Y aunque el Proceso de Paz de Santos -por solicitud de las Farc- desmanteló gran parte de la capacidad militar y de inteligencia del Estado, aún quedan vestigios de esa época que le permitirán al presidente De la Espriella darle un ‘startazo’ al aparato militar, recuperar la moral de la tropa y propinar rápidamente golpes contundentes a las estructuras criminales que hoy pululan por todo el país.
Pero sin justicia no hay seguridad. Siempre he creído que uno de los grandes legados que nos puede dejar un abogado penalista -hoy presidente- es una reforma judicial. Mi propuesta no requiere de constituyentes o grandes reformas constitucionales; solo es necesario atacar la burocracia desde adentro y tener la voluntad política para actuar. Mi sugerencia es negociar una especie de Plan Colombia 2.0 con el gobierno de Estados Unidos, enfocado en tecnificar y profesionalizar a los funcionarios de la rama judicial. No se necesitan grandes recortes de nómina ni arrebatarles sus derechos adquiridos. Para darle un golpe contundente a Asonal Judicial -tal como hizo Uribe en su momento con la USO en Ecopetrol-, es necesario devolverle la dignidad de la magistratura a la rama a través del desarrollo del talento humano y la aplicación de nuevas tecnologías. En la medida en que les devolvamos su dignidad, el sindicato y las conquistas laborales serán historia del pasado.
Propondría, por medio de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, capacitar en técnicas forenses a magistrados, jueces, fiscales, investigadores del CTI, y a personal de Medicina Legal, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. Yo seleccionaría a los mejores de cada institución para armar grupos élite interdisciplinarios -tipo batallones de alta montaña- que se puedan destinar a desmantelar las estructuras criminales y frenar el dinero que mueve el negocio del narcotráfico y la corrupción. Enfocaría estos grupos en delitos de alto impacto. Un par de casos insignia sentaría el precedente correcto. También crearía una unidad de casos archivados tipo ‘Cold Case’, para desempolvar pruebas y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes históricos que hayan quedado en la impunidad, recuperando el respeto por la administración de justicia.
Es urgente desarrollar capacidades técnicas, periciales, tecnológicas y habilidades blandas para formar funcionarios con criterio jurídico y competencias digitales capaces de reducir la impunidad. Conocimientos en contabilidad forense, búsqueda internacional de activos, levantamiento del velo corporativo, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, ciberamenazas, ‘deep web’ y ‘dark web’, idiomas e inteligencia artificial, entre otros. Estas herramientas convertirían a nuestros funcionarios en la élite de la profesión legal.
Ya tenemos los mejores soldados del mundo. En la medida en que le devolvamos la profesionalización y la dignidad a la Rama Judicial, demostraremos que, gracias a la herencia de Santander, también tenemos las mejores mentes jurídicas del planeta.
El gobierno anterior promovió una inflación de 6% anual, y desplegó una virulencia sin precedentes contra el Banco de la República