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Analistas 08/05/2025

Juegos del hambre

Andrés Otero Leongómez
Consultor en Investigaciones e Inteligencia Corporativa

El gobierno Petro ha dado la orden al Superintendente de Servicios Públicos, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Dian, entre otras entidades, de intervenir las empresas de servicios públicos domiciliarios -y nadie se ha inmutado-. El Gobierno lo cataloga de intervención y no de expropiación, para que no los acusen de castrochavistas, pero la realidad es que no es otra cosa que un acto de autoritarismo dictatorial. Pero ¿qué busca el Gobierno con estas acciones, cuando sabemos que este Gobierno no es capaz de administrar un bingo?

Petro defiende sus acciones aduciendo que las empresas intervenidas están abusando de los usuarios e incrementando los precios indiscriminadamente. La verdad es que muchas de estas empresas se han visto forzadas a incrementar sus precios por la falta de materia prima y de una política pública que permita garantizar la autosuficiencia energética. La disminución de las reservas de gas, petróleo y otros recursos naturales esenciales, es producto del capricho ideológico ambiental de este Gobierno en declararle la guerra a la industria extractiva, limitar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, y destruir el potencial minero del país.

Pero más que una postura ideológica, son conscientes que, si el Gobierno controla las empresas de servicios públicos domiciliarios y las prestadoras de salud, van a lograr un sistema de empadronamiento que le permita acceder a la información de todos los hogares colombianos. Esto les permitirá saber con precisión cuánta gente vive en una residencia, entender sus patrones de comportamiento, monitorear sus actividades y conocer en tiempo real sobre sus necesidades básicas.

Esto no solo les va a permitir controlar y vigilar a la gente, sino responder con subsidios y otros beneficios sociales para así influenciar a los hogares con propaganda del régimen y perpetuarse en el poder. Van a aprovechar la coyuntura para interferir en asuntos locales, usurpar las funciones de los alcaldes de oposición, y recuperar el terreno político que la izquierda perdió en las elecciones pasadas.

Pero lo más grave de esta medida es que este Gobierno ya demostró su incapacidad de administrar y ejecutar. Ecopetrol y la industria extractiva han ido perdiendo su valor y la capacidad de producción nacional ha ido disminuyendo; los servicios de salud se van deteriorando y están peor que en las épocas del Seguro Social; la economía está en cuidados intensivos; no existen proyectos nuevos de infraestructura para responder a las necesidades básicas en materia de agua, energía, telecomunicaciones o transporte; la vivienda de interés social retrocedió una década; la situación de seguridad es insostenible, el crecimiento de cultivos ilícitos se ha triplicado y las bandas criminales se multiplican como conejos. Todos los temas que toca este gobierno terminan afectando la calidad de vida de todos los colombianos.

Sin embargo, como buen régimen autoritario de izquierda, su objetivo no es conquistar los corazones de los colombianos mediante obras o resultados, sino empobrecer a la población al grado que dependan de los subsidios y las moronas sociales que Petro les arroje. Parece una película de ciencia ficción, como en ‘Los juegos del hambre’, pero si no defendemos temas básicos de subsistencia como son el agua, el gas y la energía, cuando queramos reaccionar, ya será un poco tarde.

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