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Colombia encabeza el ranking mundial de abogados, con cerca de 800 por cada 100.000 habitantes. En 2025 había 425.016; en 2015, 244.336. A la par del gasto público, los miembros de la guilda que dice “aperturar” han crecido 74%.
Si la oferta de un bien se expande mientras la demanda no lo hace al mismo ritmo, la ley de la utilidad marginal enseña que cada unidad adicional pierde valor en el margen. Cada abogado nuevo encuentra un mercado dispuesto a pagar un precio cada vez más bajo. El precio del abogado marginal está deprimido. Ello explica la proliferación de anuncios buscando “abogados con moto”.
¿Qué le encuentra el aspirante a una profesión cuya unidad marginal -él mismo- está condenada a recibir cada vez menos? Los precios gritan saturación. ¿Por qué la insistencia en abrir escuelas y volverse abogado?
La explicación más honesta no está en la vocación romántica por la justicia. La abogacía es una profesión esencialmente política, porque su materia prima -las reglas legales- es uno de los monopolios más caros del Estado colombiano. Volverse abogado equivale a comprar el tiquete dorado a ese monopolio.
No se trata solo de aspirar a un cargo estatal, pagado con ingresos que nadie entregaría voluntariamente. Se trata de pertenecer a una guilda exclusiva: la de quienes entienden los resortes ocultos de la maquinaria que produce y aplica las normas. Ese conocimiento es un cuarto factor de producción peculiar: no genera riqueza nueva, redirige la existente. El abogado entrenado sabe jugar con sofisticados mecanismos de redistribución.
La licencia de abogado se busca porque convierte la involuntariedad ajena en riqueza propia. De ahí que su utilidad marginal, calculada sobre servicios voluntariamente contratados, esté por el piso y que, aun así, el costo de volverse uno se juzgue pequeño frente a la promesa de participar del poder estatal.
¿Qué le pasa a la sociedad cuando uno de cada 125 habitantes es abogado? Las profesiones no son neutras respecto del modo en que sus practicantes ven el mundo. Cuando la única herramienta en casa es un martillo, todo problema empieza a parecerse a un clavo.
El abogado opera bajo una férrea premisa: la realidad se moldea a punta de leyes. Lo cree y lo practica. Hemos perdido la cuenta de las veces en que, conversando con futuros alquimistas jurídicos, la sugerencia es la misma: ¿qué hay para regular? Su obsesión no es solo con “aperturar”, sino con rechazar que la sociedad libre pueda ordenarse a sí misma.
¿Hay pobreza? Una ley. ¿Las personas se unen sin pedir permiso? Un régimen matrimonial. ¿Salarios insuficientes? Un decreto que los fija sobre el mercado. ¿La costumbre era un mes de garantía? La fábrica de leyes la eleva a dos. ¡Que Dios libre al abogado colombiano de la sospecha herética de que las personas hagan lo que les venga en gana!
No debería extrañar que el afán por planificar centralmente no sea una desviación ocasional, sino el aire que se respira. Que la televisión esté colmada de anuncios del Ministerio del Trabajo tiene, entre sus causas remotas, esta realidad: Colombia es una sociedad de abogados.
Quizá la cifra de 801 abogados por cada 100.000 habitantes no sea un dato curioso, sino un termómetro institucional. Un país no llega por casualidad a esa proporción. Llega porque, durante décadas, ha hecho rentable estudiar la legislación en lugar de la justicia.
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