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Debida diligencia reputacional

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Andrés Otero Leongómez Consultor en Investigaciones e Inteligencia Corporativa

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y por no haber informado a la opinión pública de la condena de su hermano Bernardo, por narcotráfico hace más de 22 años.

Ella y sus aliados políticos han salido a dar las explicaciones del caso, mientras que sus contradictores le piden la renuncia. Independiente del debate político y de la alta polarización que vive el país, la pregunta es si ha debido tener mayor precaución y criterio en sus actuaciones como ciudadana privada. Independiente de su responsabilidad política, su caso ilustra la importancia de cuidar la reputación en el mundo actual.

En Colombia los fenómenos del narcotráfico, la corrupción, el testaferrato y el lavado de activos han afectado varios sectores de la sociedad. Sin embargo, la ineficiencia del sistema judicial hace difícil condenar a las personas que han cometido esos delitos. Sin embargo, los estándares legales, sociales y políticos son muy altos -en especial para funcionarios públicos- pero las herramientas disponibles para corroborar conductas indebidas son muy limitadas.

Como Estado le pedimos a la sociedad que se conviertan el primer frente de batalla en determinar quién es o no “una persona de bien”, pero el sistema garantista y las artimañas legales hacen difícil hacer la tarea.
Empresarios, inversionistas y políticos terminan en enredos judiciales, procesos de extinción de dominio o escándalos en prensa por hacer negocios con testaferros, comprar tierras de origen ilícito o contratar con intermediarios corruptos, por no haber hecho la debida diligencia.

Las normas de prevención de lavado de activos exigen un nivel de revisión y verificación de información de clientes y terceros con base en mejores prácticas internacionales, estándares que aplican entidades financieras y grandes multinacionales principalmente. El común de la gente se limita a hacer un ‘googolazo’ y tener fe que todo va salir bien.

Llevo más de 20 años haciendo investigaciones de debida diligencia reputacional de empresas y personas a nivel global, y puedo dar fe que una revisión profunda de antecedentes criminales e información en América Latina es una tarea compleja, dispendiosa y costosa. La protección de datos personales, el habeas data, los paraísos fiscales y las estructuras societarias complejas terminan por esconder a los verdaderos criminales, permitiéndoles permanecer en el anonimato y convirtiéndolos en verdaderos ‘fantasmas’.

El derecho de petición es un proceso formal e inoficioso, y la información disponible sobre antecedentes criminales en un país como Colombia es muy precaria, por no decir inexistente. Los Al Capones mueren sin una sentencia en su contra.

La reputación es uno de los bienes mas preciados que uno puede tener hasta que la pierde, sino pregúntenle a la vicepresidente. Si los colombianos hemos de superar el estigma con el que hemos vivido desde hace medio siglo y recuperar el dinamismo económico que el país representa, es indispensable brindarle herramientas a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones de negocios bien informadas. De lo contrario, no exijamos tanto.

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