El baile de los que sobran. No hay derecho

Nuestra Constitución Política establece de manera categórica el derecho a la protesta, un derecho fundamental que, como todos los demás, no puede ser absoluto. Este derecho no debe ser utilizado como una excusa para ignorar o vulnerar los derechos de otros. Lamentablemente, se ha convertido en una práctica habitual que, en nombre de la defensa de los derechos de ciertas minorías, se ignoren y se afecten los derechos, bienes y patrimonio de la mayoría de los colombianos.

Recientemente, las protestas en Bogotá se tornaron violentas, con actos de vandalismo que afectaron a la comunidad en su conjunto. Estos desmanes fueron facilitados por un silencio cómplice y azuzador del gobierno central y la inacción de las autoridades locales. Este malentendido del derecho a la protesta se transforma en actos delictivos que no solo atacan propiedades privadas, sino que también destruyen bienes públicos, afectando así a todos los ciudadanos de manera irresponsable y sin justificación.

No se trata de cuestionar el derecho a la protesta en sí, sino de reconocer que no podemos vivir sometidos a las decisiones de una minoría que ejerce sus derechos de manera indebida y que, además, no cumple con sus obligaciones ni asume la responsabilidad de sus actos. No es un tema de clases, sino de la responsabilidad que todos tenemos de no perjudicar a los demás en la búsqueda de nuestros derechos.

Es inaceptable que unas pocas personas, independientemente de la justificación de sus protestas, afecten a millones de trabajadores que, a diario, se esfuerzan por salir adelante. Los daños a la propiedad, que son pagados con nuestros impuestos, no deberían ser patrocinados por el Gobierno, especialmente cuando estas manifestaciones están relacionadas con causas ajenas a nuestra realidad nacional, como la situación en Gaza.

En lugar de desviar la atención hacia problemas lejanos, el Gobierno debería enfocarse en los desafíos inmediatos que enfrentamos: la violencia, el desplazamiento forzado, y la ocupación ilegal de territorios, la corrupción al interior del ejecutivo, entre otros varios. Antes de quejarse sin ofrecer soluciones, el gobierno debería mirar hacia su propia casa, que se está incendiando bajo su gestión.

Es difícil comprender cómo la mayoría de los colombianos, que son trabajadores honestos y dedicados, se ven perjudicados por unos pocos desadaptados que utilizan una noción mal entendida de igualdad para justificar sus acciones. La verdadera igualdad implica asumir tanto derechos como responsabilidades. No se puede premiar a los delincuentes.

Se confunde el derecho a la protesta con el vandalismo y la delincuencia. Las autoridades muestran una falta de voluntad política para abordar esta situación, y no me refiero solo a las Fuerzas Armadas, sino a la incapacidad de nuestros dirigentes para actuar con firmeza. Todos anhelamos soluciones, pero no existen fórmulas mágicas. La única manera de avanzar es trabajar, producir y esforzarnos.

Debemos unirnos, fortalecer nuestros gremios y el sector empresarial, y apoyar a nuestras fuerzas armadas bajo un liderazgo sólido. Como dijo Juan Luis Cebrián: “Creerse el bueno de la película solo lo hacen los tontos, los canallas o los liberticidas, deseosos, como es obvio, de apoderarse de la historia misma”. Esta reflexión resuena profundamente en nuestra realidad actual.

A propósito del tema tratado más arriba y de la consulta de candidatos de la izquierda en la que se destinarán caprichosamente $200.000 millones de nuestros impuestos, recuerdo el título de una canción de Los Prisioneros: “El baile de los que sobran”. Así nos sentimos muchos colombianos, atrapados en un Gobierno que despilfarra recursos, que se ha desviado de su rumbo y que desvaría sin soluciones ¿Qué realmente nos aporta esta consulta? Nada positivo ni de verdadero impacto en el bienestar, solamente gasto, despilfarro de los recursos públicos, egos, estratagemas y componendas políticas y todo con nuestro dinero. No hay derecho.