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Si bien nuestra legislación no contempla este tipo de accionistas, y no hay que confundirlo con los accionistas de una sociedad de hecho, la realidad supera las normas y muchas veces el derecho, y por eso este debe irse adecuando para cumplir su verdadera función.
Para el no reconocimiento de este tipo de accionistas se acude a requisitos formales, como son el hecho de que hoy, con un rigorismo desbordado y apegado erróneamente a interpretación literal de la norma, se exige, además de adquirir o suscribir acciones que haya emitido la sociedad, estar inscrito como tal en el libro de registro de accionistas.
Pretender desconocer o ignorar la calidad de accionista de una persona, con todos los derechos y deberes que esto implica en nuestra legislación comercial, tributaria, laboral, etc., porque no se cumplen los requisitos formales, pero que realmente obra como tal, pues es quien determina la suerte de la sociedad, normalmente a través de terceras personas, aún de forma lícita, dando instrucciones, determinando cómo se reparten utilidades, definiendo la forma de llevar de las asambleas, fijando el rumbo, actuar y vida de la sociedad, en fin, ejerciendo verdaderamente la calidad de accionista, termina siendo una gran falencia en nuestro desarrollo jurisprudencial, que permite que bajo un aparente esquema de licitud, que terceros obtengan todos los beneficios de ser accionistas de una sociedad y no asuman ningún tipo de responsabilidad.
No debe confundirse, bajo ninguna circunstancia, la calidad de administrador de hecho, entendido este según definición legal como la persona natural o jurídica que se inmiscuye en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, con la de accionista de hecho que evidencio en este escrito. No tiene sentido que se siga, en la línea jurisprudencial, empeñados en ignorar una realidad evidente.
El primero es quien ejerce, en realidad, la dirección y manejo de los asuntos inherentes a la representación legal de la sociedad, sin figurar como tal, pero es quien toma las determinaciones, pero no necesariamente obtiene los beneficios de un accionista. Mientras que el accionista de hecho del que hablo tiene una concepción y una posición jurídica totalmente diferente, porque puede que no sea un administrador de hecho, pero sí puede llegar a determinar, como un verdadero accionista, con los derechos inherentes a este, la suerte de la sociedad.
Hay argumentos encontrados frente a esta teoría, en el sentido de que se puede intentar la simulación para develar quién es el verdadero accionista, pero esto es ponerle peros, enredos y hacer más largo el camino procesal para una realidad de hecho y evidente. Insisto, no se trata de sociedades de hecho, porque son sociedades formal y legalmente constituidas, con todos los requisitos establecidos; sin embargo, quien figura aparentemente como accionista no lo es y esto lo vemos todos los días.
Esta denominación de “accionista de hecho”, que parece meramente jurídica y de poco o nulo uso en la vida diaria, conlleva unas consecuencias de gran calado en la práctica, porque puede conllevar que un tercero que realmente ejerza sus actos de forma tal como si fuera accionista, tenga que asumir todo tipo de responsabilidades a título personal, frente a obligaciones societarias, comerciales, laborales, tributarias, entre otras, y su reconocimiento conllevará a la protección de terceros y evitar fraudes. Y la figura del control no es suficiente para esto.
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