¡Vuelve y juega!

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Con terquedad aragonesa el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla insiste en la necesidad de vender, esta vez, el 8,9% de las acciones de la Nación en Ecopetrol. En 2004, en su calidad de ministro de Hacienda, había descartado de plano la privatización de Ecopetrol y en su lugar planteó la conveniencia de vender aquellos activos no estratégicos de la empresa.

En 2009, cuando ya había hecho dejación del cargo, conceptuó que no le veía sentido “tener en el balance del Gobierno Nacional acciones de Ecopetrol o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”. Claro que entre 2004 y 2009, el mismo ministro Carrasquilla presentó a la consideración del Congreso de la República y logró su aprobación la Ley 1118 de 2006, mediante la cual se cambió la naturaleza de Ecopetrol que dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en una sociedad anónima por acciones.

En esta misma Ley se autorizó “la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”. No obstante, el legislador estableció una barrera con el fin de preservar el carácter estatal de Ecopetrol, considerada la joya de la corona y dispuso que “se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en circulación”.

El paso siguiente fue la colocación en el mercado, en 2007 se hizo la primera oferta, y en 2011 tuvo lugar la segunda emisión de acciones, las cuales sumadas elevó a 11,1% la participación de los particulares en la estatal petrolera. Después que el número de accionistas llegó a su clímax con 521.740 socios de Ecopetrol se produjo una desbandada a consecuencia de la caída de los precios del petróleo, reduciéndose el número de accionistas a sólo 291.000 accionistas.

Como es bien sabido el déficit del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2019, cifrado según el ministro de Hacienda en $14 billones, motivó la presentación al Congreso de la República por parte del mismo del proyecto de ley de financiamiento para cubrirlo, pero sólo se espera un aumento del recaudo de $7,3 billones. Para cubrir el faltante acaba de plantear el ministro Carrasquilla la venta de 8,9% de las acciones de Ecopetrol, hoy en manos de la Nación.

Aduce el ministro que la “autorización ya está para hacerlo…Esta operación está aprobada”, refiriéndose a la autorización dada por el Congreso de la República en la Ley 1118 de 2016. Al parecer en este caso, como en tantos otros, todavía no hay un consenso dentro del mismo gobierno para dar este paso, pues, al hacer su anuncio el propio ministro dice que “obviamente, toca discutir el tema con el señor Presidente de la República”.

Es de anotar que, cuando apenas había sido designado y aún no había asumido el cargo de ministro Carrasquilla se mostró dubitativo ante la propuesta del Presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero de vender 88,9% de las acciones de la Nación. El ministro Carrasquilla se limitó a decir que “el planteamiento queda para la discusión y para mirarlo con cuidado”.

Vuelve y juega, ahora, de manera intempestiva pero no sorpresiva, el ministro Carrasquilla saca este as de la manga y propone salir a ofertar por parte de la Nación 8,9% de las acciones con el fementido propósito de tapar el hueco fiscal, cuando en realidad de lo que se trata es de taponar la tronera que se le abrió a los ingresos del Estado con la Ley de desfinanciamiento, que es como la llamó apropiadamente Anif. En efecto, en dicha Ley no sólo se mantuvieron las onerosas gabelas a favor de las empresas que venían de reformas tributarias anteriores sino que se adicionaron otras, cuyo costo sobrepasa con creces los $8 billones que se aspira recibir por esta operación de venta de acciones del Estado. De prosperar esta iniciativa, con tales recursos podrá enjugarse parcialmente el déficit, pero hacia el futuro le pasará factura porque la venta de acciones se traducirá en menores ingresos por concepto de dividendos. Así de claro.

Con la Ley de financiamiento no hizo más que trasvasar recursos del erario en beneficio del empresariado al rebajarle el impuesto de renta desde 33% en 2018 a 30% en el 2021, amén de la proliferación de las exenciones y deducciones impositivas. Estas medidas se justificaron en su momento con el socorrido argumento que con ellas las empresas podrán “generar más y mejor empleo”. Este es un remedo del paso en falso que dio el inefable Trump en los EE.UU. al decretar una rebaja de impuestos corporativos de 35% a 21% en 2017 y ahora el Departamento del Tesoro acusa un agravamiento del déficit fiscal, al tiempo que el prometido aumento de las inversiones no se ha materializado y lo que es peor el crecimiento de la economía se ha desacelerado. Nos podemos quedar, entonces, con el pecado y sin la gracia!

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