Una propuesta sensata

Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria, disfrazada de “solidaridad sostenible”, en el Congreso de la República y solo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases son la ampliación de la base del impuesto de renta de las personas naturales y la del IVA. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ya había intentado infructuosamente en 2019 ampliar la base del IVA y obtener un mayor recaudo de $25 billones. Al final se tuvo que conformar con una reforma con un recaudo más modesto, de solo $7,3 billones. Ahora iba por más, aspiraba a recaudar $28 billones. Se preguntaba y con razón el exministro Juan Lozano si “verdaderamente se necesitan todos esos recursos”.

La verdad sea dicha esta tercera reforma tributaria estaba cantada desde el día siguiente de la aprobación de la que se disfrazó como Ley de crecimiento, dada la profusión de nuevos beneficios tributarios que se vinieron a sumar a los anteriores, los cuales erosionan la base impositiva. Se estimó por parte de Fedesarrollo y Anif que el costo fiscal de estos nuevos beneficios tributarios frisan los $11 billones. De modo que el objetivo fundamental de la reforma es tapar el hueco fiscal que abrió el propio Gobierno Nacional, pero se utiliza como espejismo que la misma es para mantener los programas de protección social porque, supuestamente, es para lo único que no hay plata.
La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido. Y no era para menos. Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de ese proyecto de reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva iba a recaer sobre la clase media vulnerable y vulnerada por la pandemia.

En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Duque y su Ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.

En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al presidente Duque que retirar el Proyecto, al ministro Carrasquilla y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.
En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, el presidente de la Andi Bruce Mac Master, le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata.

Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta de 33% a 30%, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12,4 billones. Reiterando su propuesta ha dicho Mac Master: “en la reforma no toquen a nadie más, ¡cóbrenos a nosotros!”

A la propuesta de la Andi se vino a sumar la de Fenalco y Acopi, manifestando que están dispuestos a renunciar a dos de los tres días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno Nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas, las propuestas de la Andi y Acopi le representarían al Gobierno Nacional $13,4 billones de mayores ingresos. Más que suficientes para cubrir y garantizar los programas de protección social, así como el servicio de la deuda. Pero, el ministro Carrasquilla iba por todo o nada y al final se quedó con la soga y sin el ternero.
Es entendible la posición asumida, con una gran dosis de realismo y sindéresis, por parte del empresariado, habida cuenta de que una mayor carga impositiva conlleva sacarle dinero de los bolsillos a los contribuyentes afectando su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra, concomitantemente con el debilitamiento del consumo, lo cual terminaría por contraer la demanda para su producción. Y si se deprime la demanda se alejarán aún más las posibilidades de la recuperación y reactivación de la economía, lo cual iría inexorablemente en su propio perjuicio.

De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir y consensuar. Sigo sin entender la reticencia del Gobierno para acogerla. Ha quedado la sensación de que desde la Casa de Nariño no han sabido sintonizarse con el país nacional, que allá están, como dijo el Nobel de Literatura, Octavio Paz, a las afueras de la realidad.

Finalmente, coincido con los términos del editorial del Director de Noticias Caracol Radio, Gustavo Gómez, cuando asevera que el retiro del funesto proyecto de reforma tributaria no es el fin de esta tragicomedia, más bien debe ser “el comienzo de la redacción de una nueva y mesurada reforma, concertada con partidos, movimientos, gremios, gente de carne y hueso, que ojalá pueda terminarse y aprobarse, porque necesitamos una reforma equilibrada. Pero, fue sobre todo el comienzo de una real sintonía con los colombianos”. Más claro, ¡solo el agua!